Un hombre de 46 años, detenido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Jujuy, fue imputado el viernes por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
La acusación penal, presentada por el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, de la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, fue aceptada por la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez, quien también dispuso la prisión preventiva del acusado, identificado como Juan Carlos Espíndola, oriundo de la localidad jujeña de San Pedro.
La investigación del caso, dirigida por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo José Villalba, data de varios meses atrás y se desprende de otro legajo en el cual se logró el secuestro de 7 kilos de droga y se detuvo a otras cuatro personas.
En la audiencia, Viltes Monier explicó que Espíndola era investigado por el área de la PROCUNAR NOA junto a otros dos cómplices, contra quienes se solicitó el libramiento de las órdenes de captura nacional e internacional. La petición fue receptada de manera favorable por la jueza Giménez.
Sobre Espíndola, el auxiliar fiscal señaló que su detención se produjo el miércoles pasado, alrededor de las 14.50, en un control instalado en la ruta 34, a la altura del río Las Pavas, en el límite entre las provincias de Salta y Jujuy.
Dijo que tal procedimiento, llevado adelante por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no fue casual sino parte de una serie de diligencias que se ejecutaron a fin de desbaratar una compleja organización narcocriminal.
El funcionario explicó que, de antemano, y a raíz de tareas de inteligencia criminal, se conocía que Espíndola, quien es camionero, transportaba una importante cantidad de droga en un camión con acoplado, que el rodado había salido de Orán y que circulaba de norte a sur.
Añadió que, al ser requisado, los policías hallaron dos cajas que contenían 47 paquetes con droga, un total aproximado de 48 kilos de cocaína. En la audiencia de formalización de la investigación penal, el camionero, a través de su defensa, se abstuvo de prestar declaración.
Destino de la droga
Al referirse a cómo operaban el acusado y los otros dos cómplices prófugos, el auxiliar fiscal explicó que la hipótesis sobre la cual se inició la investigación daba cuenta del ingreso de droga procedente de Bolivia a través del límite fronterizo de Aguas Blancas.
“Posteriormente, la droga era copiada en la ciudad de Orán hasta que los implicados coordinaban el traslado a la capital de Salta, Catamarca y La Rioja, donde era comercializada entre revendedores locales, los que ponían el estupefaciente en las calles, como último eslabón del delito”, indicó.
En ese sentido, precisó que, al igual que otras organizaciones que operan de manera similar, esta banda tenía nexo con un proveedor que hacía llegar la droga a Aguas Blancas, desde donde se iniciaba la cadena de tráfico, en la cual Espíndola era el encargado del traslado material del estupefaciente.
En su exposición, el Viltes Monier señaló que este accionar era secundado por los dos cómplices prófugos, quienes hacían de coche “puntero” durante la travesía, informándole a Espíndola sobre los riesgos de control en los distintos puestos, a partir de lo cual el transporte era demorado o se cambiaba de ruta.
Todo esto -agregó- se encuentra detalladamente probado a partir de una profusa explotación de los teléfonos de los acusados, de los cuales surgen numerosos mensajes indicativos sobre los cuidados que debía tener en cada puesto de control, en particular el retén en el puente sobre el río Las Pavas.
Paralelamente, la PSA realizó tres allanamientos en distintos domicilios de las localidades jujeñas de San Pedro y San Salvador, oportunidad en la que se secuestraron dos vehículos y dos motocicletas, y otros elementos de interés para el caso.
En función de ello, y de las pruebas recolectadas, el auxiliar fiscal solicitó a la jueza la prisión preventiva de Espíndola, sobre quien dijo que tuvo un dominio claro del hecho.
“La acusación cuenta con la verosimilitud necesaria para fundar la prisión del acusado, a lo cual se suman evidentes riesgos procesales. Uno de ellos es el peligro de fuga, argumento que surge no sólo de su actividad como camionero, sino de un registro migratorio irregular que evidencia la facilidad que posee para traspasar al Estado Plurinacional de Bolivia”, sostuvo Viltes Monier.
Además, señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación penal, puesto que el caso aún tiene dos prófugos y existen medidas en curso para dar con ellos. Por último resaltó la naturaleza, la gravedad del hecho y la expectativa negativa respecto a una pena de orden condicional.
Al resolver sobre su planteo, el cual no fue materia de oposición por parte de la defensa, la jueza Giménez compartió los argumentos esgrimidos y accedió a todos los pedidos de la fiscalía.
Tomado de El Tribuno
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