El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, denunció que las tarjetas B-Sisa destinadas a agropecuarios se vendían hasta en Bs 5.000 a personas ajenas al sector productivo.
En una reunión con el sector productivo, Justiniano reveló las irregularidades detectadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
“Hubo una maleantada de tal magnitud con las tarjetas que personas que no tenían nada que ver con el ámbito productivo tenían tarjetas porque las compraban en 5.000 bolivianos, en 4.000 bolivianos”, dijo Justiniano.
Y aseguró “por experiencia personal” que no había diésel o gasolina en un surtidor, pero “el llantero de al lado tenía”. “Cualquiera lo tenía (el combustible) porque eran negocios lucrativos, por eso se dio de baja (las tarjetas)”.
Justiniano dijo que la inhabilitación de las tarjetas no es la solución y que continuarán trabajando para terminar con estas irregularidades.
“Estamos buscando soluciones a los problemas reales, no solo de los productores, sino de la población. Todos estos problemas tienen que ver con combustible, contrabando, distorsiones de mercados en los precios”, complementó.
Inhabilitadas
La semana pasada, la directora de la ANH, Margot Ayala, informó en conferencia de prensa que se inhabilitó 6.398 tarjetas del B-Sisa observadas y mal utilizadas por temas como documentación irregular y volúmenes injustificables de carga de combustible.
Ayala explicó que esas tarjetas fueron entregadas por la gestión anterior y representaban 4,5 millones de litros de diésel mensuales y un impacto económico para el Estado de Bs 50 millones por mes. Sin embargo, Ayala dijo que hallaron carguíos por más del 500% de los permitido.
Informó, además, que desde 2015 el Estado entregó 29.610 tarjetas B-Sisa a consumidores agropecuarios para autorizarles la compra y transporte de diésel destino a productores.
Según la norma, las tarjetas entregadas a productores regulan consumos que van desde 121 litros hasta 1.200 litros, bajo supervisión de la Dirección de Sustancias Controladas y del Ministerio de Desarrollo Rural.
Fuente: La Razón
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