Brasil ha apretado el cerco del Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil, cuyo máximo líder fue «aislado» esta semana en una prisión federal en un intento de las autoridades por «debilitar» su estructura, según dijo a Efe el fiscal Lincoln Gakiya.
Un total de 22 líderes de primer y segundo escalón del PCC presos en Sao Paulo fueron trasladadas por las autoridades de regionales a tres prisiones federales del Brasil, una medida que «desestructura» al menos de forma momentánea la influyente organización.
En la lista de transferidos figura Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como «Marcola», condenado a más de 200 años de cárcel y quien comanda el crimen organizado desde el interior de su celda gracias a la rígida y jerárquica estructura de la organización.
«La transferencia provoca una desorientación, una falta de coordinación. Es como si quitas al consejo director de una empresa y dejas a los funcionarios, que saben lo que es el día a día, pero no saben tomar medidas drásticas», explicó Gakiya, fiscal de Sao Paulo y quien solicitó la transferencia de los 22 miembros del PCC.
La decisión de la justicia, ejecutada este miércoles, supone un duro golpe para la mayor facción criminal del país, que ha extendido sus tentáculos por todo Brasil y una parte de Sudamérica, especialmente Paraguay y Bolivia.
De acuerdo con el fiscal, el Primer Comando de la Capital se encuentra hoy en un estado «premafioso», ya que reúne todos los componentes de los grupos mafiosos, excepto uno de ellos: la sofisticación en el lavado de dinero.
Fundado en 1993 durante una rebelión en Sao Paulo, el grupo, que inspiró su nombre en el equipo de fútbol de la cárcel, ha extendido en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al rentable robo de cargas y contrabando de combustible.
A pesar de su robusta estructura, Gakiya considera que la transferencia de Marcola y sus secuaces va a «debilitar» temporalmente al PCC, que podría iniciar una disputa interna por el poder ante el aislamiento de sus líderes.
«Cuando hay disputa interna por el poder, hay debilidad, eso es natural. Dejan de expandirse para cuidar de la propia dirección», cuenta.
El capo de la facción fue transferido de una cárcel de Sao Paulo, bastión de la organización, a un presidio federal de Porto Velho capital del estado de Rondonia (norte), donde las reglas para las visitas y contacto con otros presos son mucho más rígidas.
El alejamiento de Marcola de su «zona de confort» va a «dificultar la transmisión de órdenes» a las bases del PCC, grupo que cuenta con alrededor de 30.000 miembros esparcidos por todo Brasil y con ramificaciones en algunos países de Sudamérica y Europa, entre ellos España, según el fiscal.
«Es como un boxeador que recibe un golpe fuerte. Se marea, pero va a continuar la lucha. El Estado tiene que aprovecharse de ese momento de aturdimiento», señaló Gakiya, quien investiga la actuación del PCC desde hace más de una década y ha recibido amenazas de muerte por parte de la facción.
El fiscal considera improbable que la transferencia de los presos provoque represalias como las ocurridas en 2006, cundo el grupo criminal comandó una ola de ataques contra comisarías y centros de detención en el estado de Sao Paulo en los que mataron a decenas de policías y guardias de prisiones tras la decisión del Gobierno regional de aislar a los líderes de la facción.
«El riesgo siempre existe, pero no por ese riesgo el Estado va a dejar de trabajar», precisó.
La decisión de transferir a los líderes del PCC se produjo después de que las autoridadesfrustraran un cinematográfico plan de fuga para liberar a Marcola de la cárcel Presidente Vencesalu, a 600 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, y la operación realizada este miércoles contó con el apoyo del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
El ultraderechista ha prometido mano dura contra el crimen organizado y su ministro de Justicia, Sergio Moro, ha presentado un paquete de medidas, pendientes de aprobación, que endurecen las leyes con el fin de acorralar la delincuencia, al que se le atribuye una violencia que anualmente deja unos 60.000 muertos en el país.
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