Este trágico suceso es una alarmante muestra de los riesgos y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia. Esas palabras fueron parte del comunicado emitido ayer por la Unión Europea (UE) y sus estados presentes en Bolivia, como muestra de condena por el hecho, y de solidaridad con la familia, luego de darse a conocer el asesinato de Francisco Marupa, miembro de la nación leco, defensor ambiental y habitante de la comunidad Torewa, en el área protegida nacional Madidi.
Para la UE, la violencia, el despojo de tierras y la expansión de actividades ilegales en parques nacionales atentan contra la vida, la seguridad y los derechos de las personas.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que se identifique y sancione a los responsables de este suceso; pedimos garantizar la protección del pueblo Leco y de las comunidades que enfrentan amenazas similares”, manifestó la UE, y tal como manifestó en el último Diálogo de Alto Nivel con Bolivia, recordó su compromiso en la lucha contra la deforestación y a favor del desarrollo sostenible, así como con la defensa y promoción de los derechos humanos.
Varios manifiestos
La Defensoría del Pueblo también se hizo eco de este hecho, e instó a los niveles del Estado a tomar acciones de protección, frente a la explotación ilegal de recursos naturales a cargo de mafias criminales.
La Defensoría ratificó -una vez más- la necesidad urgente de proteger los derechos humanos de los defensores medioambientales y de la Madre Tierra, siendo necesario desarrollar acciones inmediatas cuando se producen amenazas, ya sea de forma individual o, a toda una comunidad como el caso del pueblo leco.
El vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lino Illimuri, relacionó el crimen con los extractivismos, e informó que varias cooperativas intentan ingresar a trabajar en la zona. Desde su organización está tratando de evitar el avance de la minería ilegal en los ríos del norte del país, a través de una acción popular.
Los primeros en dar la voz de alarma sobre el crimen fueron los integrantes de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), que a través de un pronunciamiento dio a conocer la muerte violenta de Marupa, ocurrida luego de años de asedio de grupos ilegales que trafican con la tierra para destinarla a la minería ilegal, a la caza y otras actividades criminales.
En enero de este año, decenas de víctimas, la mayoría indígenas, denunciaron violencia por defender el medioambiente en sus territorios de las actividades extractivistas mineras e hidrocaburíferas, principalmente.
De acuerdo con una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), en los últimos siete años, se registraron 250 casos de agresiones a defensores ambientales, la mayoría mujeres.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la solicitud de audiencia sobre criminalización a defensores ambientales, presentada en diciembre pasado por la Subcentral Campesina Tariquía, la Contiocap y el Cedib. La cita fue fijada para este 7 de marzo, a las 11 de la mañana.
El Gobierno
Este mes también se dieron a conocer medidas de presión y denuncias por corrupción en el área protegida Reserva Manuripi, en Pando. En respuesta, el Gobierno de Bolivia anunció acciones contra la minería ilegal en las áreas protegidas.
En 2018, cuando ejercía como ministro de Minería César Navarro, también prometió algo similar; sin embargo, en el último tiempo el problema se ha agravado, con enfrentamientos, y finalmente con la muerte de Marupa.
Sospechoso
Comunarios de Torewa entregaron a la Policía al presunto autor del asesinato de Francisco Marupa, quien admitió haber sido el autor del hecho. “Me enviaron a matarlo”, indicó.
El hijo de Marupa lamentó que hubieran matado a su padre como a un animal.
PARA SABER
DEFENSORES AMBIENTALES
Decenas de personas que defienden el medioambiente y que se sienten amedrentados se reunirán con la CIDH este 7 de marzo, a las 11 de la mañana, de manera virtual, para denunciar los riesgos de esta lucha. Participarán la Contiocap y el Cedib.
GRUPOS ARMADOS
Desde hace años, los indígenas de la Amazonía boliviana, sobre todo del norte paceño, Beni y Pando, han sufrido hechos de violencia, debido a la presión de la minería aurífera, ilegal en su mayor parte.
EL DEBER
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