Misael Nallar Viveros, el acusado del triple asesinato de dos uniformados y un voluntario del Gacip en la ruta a Porongo en 2022, financió la remodelación de todo el piso del bloque B de la cárcel donde él guarda detención preventiva junto a otros privados de libertad considerados de altísima peligrosidad.
Además, EL DEBER conoció que el acusado por asesinato compró un frízer, una heladera, agua de sifón, y pidió una hamaca que llegó desde Santa Cruz a Chonchocoro, en La Paz, considerado el penal de máxima seguridad del país.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó que Nallar realizó mejoras en el interior de la cárcel al cambiar la cerámica hace un año, debido a que cuenta con recursos, y confirmó que el procesado ayuda económicamente a otros internos de ese penal.
“Hubo mejoras en el bloque B, hay personas a las que él ayuda y la seguridad con la que cuenta obedece a un tema personal”, dijo la autoridad en contacto con EL DEBER.
Para Limpias, estas acciones no están fuera de lugar sino enmarcadas dentro de la ley 2298 que establece que los privados puedan realizar “algunas mejoras”, y en muchos de los casos se consiguen donaciones a través de los que purgan penas en cualquiera de los centros.
Todo esto surge después de que Nallar protagonizó un motín en Chonchocoro al caer la tarde del sábado 8 de junio acompañados de cuatro presos. Producto de la pelea, al menos tres policías y un teniente fueron agredidos a puñetes y palos. En ese interín la familia del gobernador Luis Fernando Camacho fue sacada de su celda para ponerla a buen resguardo.
Algunas voces, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirmaron que la pelea inició porque los uniformados presuntamente intentaron sonsacar dinero a Nallar, algo que lo molestó y se desató la trifulca, aunque la versión del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indica que la pelea se produjo por un control policial y en medio de la pelea Misael ordenó que maten al teniente J.L.C.M.
La pelea fue controlada luego de que 90 agentes policiales llegaron hasta el lugar y a punta de gases lacrimógenos tomaron el control. La defensa jurídica de Nallar indicó que fue torturado por la Policía y por ello interpusieron un recurso ante la justicia, el cual fue admitido. En una audiencia la jueza Gabriela Salas ordenó que sea evacuado a un centro médico. La orden fue cumplida, para nuevamente retornar al penal.
Desde el MAS y Creemos, anticiparon que presentarán una petición de informe para que Régimen Penitenciario responda por los “lujos y privilegios” que goza Nallar.
PUNTO DE VISTA
“Los reos no pueden tener atribuciones”
Ramiro Llanos/ ex director de Régimen Penitenciario
Hay una tolerancia al ingreso de ciertos materiales que mejoran la convivencia o la infraestructura del recinto penitenciario, en todas las cárceles. Y por supuesto esto no es gratuito, tiene su costo, el poner losas o cerámicas implica entregar la administración al mundo de los privados de libertad.
En Bolivia, la administración penitenciaria está a cargo de la Dirección Régimen Penitenciario, en la seguridad interna y externa a cargo de la Policía, nunca los internos pueden tener atribuciones, no son autoridades ni designadas, ni ganaron un concurso de méritos, son personas que cometieron delitos.
Cada uno tiene su lugar, ¿qué más sucederá? Por eso no hay cámaras de seguridad, aunque las autoridades digan que han avanzado en la tecnología, ninguna cárcel de Bolivia tiene cámaras de seguridad.
En la era de Rubén Costas, donó unas 16 cámaras de vigilancia y nunca se las instaló, lo mismo pasa en San Pedro. No hay reglamento, por eso no se evidencia qué ingresa, si es alcohol o droga, los recintos están abiertos todo el día, no tiene que haber autoridad compartida.
Chonchocoro es para sentenciados, tiene que volver a su esencia de ser máxima seguridad.
No puede haber autoridad compartida en las cárceles. Se debe sentar disciplina en todos los niveles”
EL DEBER
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