La Policía ejecuta una “persecución abusiva y selectiva” del delito, porque no persigue o detiene a los grupos afines al Gobierno cuando provocan o causan desmanes en las manifestaciones; pero además los últimos conflictos han develado que el Gobierno no tiene un adecuado manejo de los líos sociales, sostienen analistas políticos.
“Se está actuando, vulnerando, violando derechos, como los allanamientos sin orden judicial a los domicilios, las detenciones selectivas, el hecho de acusar a los detenidos con una tipificación que es genérica -portación y tenencia de explosivos- con lo cual posibilita al sicariato judicial que el Gobierno tiene que detener a los movilizados y meterlos a la cárcel”, denunció Manuel Morales del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), en declaraciones a la ANF.
Morales dijo que las autoridades están actuando de una forma «abusiva» contra las manifestaciones legales, además que la población percibe que el Gobierno no utiliza la misma vara para todos, en esa línea manifestó que la Justicia, la Policía y el Ministerio Público no son imparciales, causando un grave daño a la institucionalidad democrática.
En tanto que, el analista Marcelo Silva observó que el Gobierno no tenga un adecuado manejo de la crisis, y alertó que más adelante puede provocar un conflicto mayor. Calificó como “normal” que la policía tenga un criterio selectivo para la persecución de los opositores y recordó que otros gobiernos obraron del mismo modo.
“El problema es que en el país hay una escalada de conflictos o una permanencia de conflictividad que no son resueltos del todo, llama la atención que termine en hechos violentos, más allá de que siempre va a existir (esta conflictividad) en todo Gobierno. Es importante que tengan gente, unidades y estrategia especializadas en el manejo de prevención y resolución de conflictos”, recomendó.
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Policía actúa contra movilizaciones opositoras al Gobierno, pero no contra afines al MAS
El 21 de julio, el Colegio Médico de Bolivia llamó a una marcha de protesta contra la persecución política. La marcha fue bloqueada en la plaza Bolivia por autoconvocados del Movimiento al Socialismo quienes hostigaron a los marchistas.
De ese conflicto la Policía detuvo a ocho personas, cuatro de las cuales fueron identificados como militares infiltrados en la marcha, estos fueron puestos en libertad y desaparecieron. No ocurrió lo mismo con tres muchachos que acompañaban la marcha, quienes fueron aprehendidos, cautelados y detenidos en el penal de San Pedro.
La marcha fue hostigada por los militantes del MAS, pero la Policía no actuó contra ellos y prefirió gasificar a los médicos.
Diez días después, el 1 de agosto, campesinos afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) aliados del Gobierno llegaron a La Paz desde la Chiquitania cruceña, en demanda de la titulación de tierras sin verificación y sin personería jurídica, mientras otra parte bloqueaba caminos en ese departamento.
Las autoridades de Gobierno no intervinieron en el bloqueo de caminos y permitieron que durante días esa región fuera impedida en el libre tránsito de las personas. Les dejaron bloquear e incluso en La Paz asentarse en la calle Mercado, cerca de la Vicepresidencia del Estado.
Paralelamente a este conflicto, la Asociación Departamental del Productores de Coca inició movilizaciones exigiendo el cierre del mercado “ilegal” de coca, instalado por un productor afín al Gobierno Arnold Alanes, en la zona de Villa El Carmen.
En este caso, la Policía dependiente del Ministerio de Gobierno resguarda el mercado de Alanes. Decenas de efectivos permanecen hace días cumpliendo esa función. Mientras cuidan ese centro la policía se ha enfrentado a los cocaleros de Adepcoca.
La Policía en las diferentes jornadas ha procedido a gasificar a los manifestantes y ha detenido a más de 24 personas la pasada semana. Incluso hay denuncias de tortura a los cocaleros aprehendidos. Los efectivos allanaron domicilios son fiscal para las detenciones. El Gobierno infiltró a un funcionario del ministerio para hacer el papel del periodista y realizar transmisiones.
El lunes 8 de agosto, el departamento de Santa Cruz dio inicio a un paro de 48 horas exigiendo que el Censo de Población y Vivienda se ejecute el 2023, contrariamente al Consejo Nacional de Autonomías que resolvió que se realice el 2024.
El Gobierno desplazó a los ministros para reducir la fuerza de esa protesta. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, incluso comandó grupos de desbloqueo con maquinaria pesada. El ministro de Gobierno permitió la acción policial contra los manifestantes, pero no contra los desbloqueadores.
El segundo día del paro por la noche se registraron enfrentamientos, los efectivos del verde olivo reprimieron a los movilizados a favor del paro del Plan 3.000, varios fueron arrestados, la mayoría fue liberado.
Cuatro personas fueron acusadas por tres delitos: atentados contra miembros de la seguridad del Estado, asociación delictuosa, tenencia y porte ilegal de explosivos. Días después, tres fueron beneficiados con detención domiciliaria y uno fue remitido a Palmasola.
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Finalmente, el 10 de agosto, padres de familia del macro distrito Max Paredes bloquearon todos los ingresos a la ciudad de La Paz en una protesta contra la Alcaldía de La Paz opositora al Gobierno, demandando la refacción y mantenimiento de unidades educativas; en esa oportunidad la Policía no hizo nada y solo pasó por el lugar sin escuchar la protesta de los vecinos y usuarios de esas vías.
Morales manifestó que está en marcha un “terrorismo de Estado”, porque el objetivo del Gobierno es infundir miedo y terror entre la población civil, por eso procede a las detenciones “selectivas” solo a los opositores al Gobierno, mientras que los “grupos de choque” del MAS actúan bajo la protección institucional.
ANF
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