Las denuncias de supuestos “asesinatos”, torturas en centros de detención y secuestros ilegales de dirigentes, difundidas por integrantes de una misión de izquierda argentina de observación en derechos humanos, carecen de respaldo en los informes y en la información pública disponible, según análisis de Bolivia Verifica, basado en datos de la Defensoría del Pueblo y reportes institucionales.
A continuación el artículo de Bolivia Verifica:
A través de una entrevista con el medio argentino Página 12, publicada el 12 de junio, la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), Alejandrina Barry, afirmó que en Bolivia hay al menos siete personas “asesinadas” en el marco de las movilizaciones y el conflicto social que atraviesa el país desde hace 46 días. Además, sostuvo que existen numerosas denuncias de torturas en centros de detención y secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos.
Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por informes oficiales, reportes periodísticos ni documentación pública disponible.
Barry afirmó lo siguiente:
“Hay, por lo menos, siete personas asesinadas en el marco de las movilizaciones. Hay cientos de detenidos y numerosas denuncias de torturas en los centros de detención, además de falta de asistencia médica para los heridos. También hay detenciones arbitrarias y secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos. A eso se suma la estigmatización impulsada por el gobierno, que acusa de narcoterroristas a quienes se movilizan legítimamente”, sostuvo a medio argentino.
La misma afirmación sobre la existencia de “siete personas asesinadas” fue realizada el 15 de junio por Ailén Beraldo, secretaria de Administración y Finanzas de la Asociación Docente Ademys, en un video difundido a su llegada al aeropuerto internacional de El Alto y posteriormente replicado por medios de comunicación bolivianos (1 y 2).
Barry y Beraldo integraban una “misión argentina de observación en derechos humanos” que llegó a Bolivia la mañana del 15 de junio con el objetivo de monitorear la situación derivada de los conflictos sociales. Sin embargo, la delegación no logró ingresar al país y sus integrantes permanecieron en el aeropuerto internacional de El Alto antes de ser retornados a Santa Cruz y posteriormente a Argentina.
Al retornar a su país, la diputada argentina Vanina Biasi, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, afirmó que en Bolivia existen 11 “asesinados” relacionados con el conflicto.
La Defensoría del Pueblo no reportó “asesinatos”
La afirmación de que en Bolivia existen “por lo menos siete personas asesinadas” no coincide con la información reportada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
En su segundo informe preliminar sobre la conflictividad social, la institución registró 10 fallecimientos presuntamente ocurridos en el contexto del conflicto entre el 1 de mayo y el 2 de junio de 2026.
De acuerdo con el reporte, siete de los casos corresponden a personas que fallecieron tras verse afectadas por los bloqueos y las dificultades para acceder oportunamente a atención médica. Los otros tres casos corresponden a personas fallecidas en el contexto de operativos policiales y/o militares.
La Defensoría no califica ninguno de estos casos como asesinatos. Por el contrario, señala que corresponde a las instancias competentes investigar las circunstancias de cada hecho y establecer las responsabilidades que pudieran existir.
Uno de estos casos corresponde a un hombre que falleció durante la operación policial y militar “Corredor Humanitario”, realizada el 23 de mayo. Según el certificado médico forense citado por la Defensoría, la causa de muerte fue un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”. El hecho es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio.
Asimismo, el informe registra personas fallecidas “en el contexto de la conflictividad social”, una categoría distinta a la utilizada por Barry y Beraldo, quienes afirmaron que existen siete personas “asesinadas” en el marco de las movilizaciones.
Hasta este lunes 15 de junio, medios de comunicación reportaron nuevas muertes ocurridas en el contexto de la conflictividad social. Debido a que estos hechos son posteriores al periodo analizado por el informe defensorial, Bolivia Verifica continúa revisando la información disponible para establecer el número de fallecimientos y las circunstancias de cada caso.
Detenidos
En cuanto a las detenciones, el informe señala que, durante el periodo analizado, se registraron 365 personas arrestadas en el marco de operativos vinculados a bloqueos y movilizaciones en diferentes regiones del país. De ellas, 247 fueron liberadas. Las 118 restantes se encontraban en distintas situaciones jurídicas, mientras la Defensoría continuaba realizando seguimiento a sus casos para verificar el respeto al debido proceso.
El informe defensorial no reporta torturas ni secuestros de dirigentes
Barry también afirmó que existen “numerosas denuncias de torturas en los centros de detención” y “secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos”.
Sin embargo, una revisión del reporte de la Defensoría del Pueblo no permitió identificar registros de “numerosas denuncias de tortura” ni de “secuestros ilegales” como los señalados por la diputada argentina.
La Central Obrera Boliviana (COB), uno de los sectores que lideran las protestas, denunció el supuesto “secuestro” de Justino Apaza, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz. Sin embargo, de acuerdo con información pública, el dirigente fue aprehendido y posteriormente enviado con detención preventiva el 5 de junio, investigado por presuntos delitos de terrorismo y otros vinculados a las movilizaciones. Por ello, el caso corresponde a una actuación policial y judicial conocida públicamente.
Conclusión
Las afirmaciones realizadas por la diputada argentina Alejandrina Barry y otros integrantes de la “misión argentina de observación en derechos humanos” sobre la existencia de cifras poco claras de personas “asesinadas”, numerosas denuncias de torturas en centros de detención y secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos no tienen respaldo ni datos verificados que coincidan con la información pública disponible.
Mira también
El segundo informe preliminar de la Defensoría del Pueblo registra personas fallecidas, heridas, arrestadas e imputadas en el contexto de la conflictividad social, pero no reporta personas “asesinadas” ni documenta numerosas denuncias de torturas o secuestros en los términos señalados por la delegación argentina.
Asimismo, Bolivia Verifica no encontró informes oficiales, investigaciones públicas ni reportes periodísticos que respalden esas afirmaciones. Por el contrario, la información disponible muestra que los fallecimientos reportados por la Defensoría corresponden a personas afectadas por los bloqueos o a hechos ocurridos durante operativos policiales y militares, cuyas circunstancias continúan siendo investigadas por las autoridades competentes. En consecuencia, Bolivia Verifica califica este contenido como falso.
Una activista argentina ya estuvo en Bolivia y difundió afirmaciones calificadas como engañosas por Bolivia Verifica
Mercedes Trimarchi llegó a La Paz y participó en reuniones y movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio del actual conflicto. El diputado argentino por Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que anunciaba la salida de esta “misión” desde Argentina hacia Bolivia el 15 de junio. La publicación incluía dos fotografías en las que aparece la dirigente Trimarchi.
Bolivia Verifica identificó que, durante su estadía y participación en las movilizaciones en el país, Trimarchi realizó afirmaciones que fueron calificadas como engañosas tras el proceso de verificación correspondiente.
Fuente: Bolivia Verifica
