Ahoradigital – Alfredo Salazar, identificado por la Fiscalía argentina como uno de los principales responsables de una presunta organización dedicada al contrabando en la frontera con Bolivia, fue capturado el pasado 12 de agosto en la ciudad de Tarija, entregado posteriormente por las autoridades bolivianas a Argentina y enviado a prisión preventiva por orden de un juez federal.
La detención del acusado permitió capturar a uno de los prófugos de la denominada causa Finca Karina, una investigación que busca determinar el funcionamiento de un presunto circuito de contrabando instalado en la localidad argentina de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, a pocos kilómetros de la frontera boliviana.
Según la información publicada por medios argentinos, Salazar fue aprehendido en Tarija el miércoles 12 de agosto y posteriormente entregado a las autoridades argentinas en La Quiaca. Luego quedó a disposición de la Justicia y participó de la audiencia de imputación, tras la cual el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso su prisión preventiva.
La investigación que lo señala como uno de los principales responsables
La causa se originó a partir de una investigación sobre actividades de contrabando desarrolladas en una propiedad conocida como Finca Karina, ubicada en Aguas Blancas, Salta. De acuerdo con la Fiscalía argentina, el predio tenía una ubicación estratégica: contaba con conexión hacia la Ruta Nacional 50 y permitía llegar, mediante un camino rural, hasta la margen argentina del río Bermejo.
Según la hipótesis de los investigadores, esa ubicación habría sido utilizada para montar un corredor clandestino de ingreso y salida de mercadería entre Argentina y Bolivia. La playa del río estaba acondicionada para la llegada de gomones, utilizados para cruzar mercancía desde territorio boliviano, mientras los vehículos ingresaban posteriormente al predio para retirar la carga y trasladarla hacia otros puntos de Argentina.
La Fiscalía sostuvo que las pesquisas permitieron establecer una intensa actividad comercial ilegal en el lugar. Según los cálculos expuestos durante el proceso, por día podían ingresar alrededor de 300 vehículos a la finca y cada uno transportaba, en promedio, diez bultos de mercadería.
El fiscal estimó que solo por los diferentes cobros realizados dentro de este circuito se podía recaudar alrededor de 3,72 millones de pesos argentinos por día, mientras que una estimación oficial sobre el movimiento económico anual de la mercadería que pasaba por el lugar alcanzaba cerca de 2.975 millones de pesos argentinos. Estas cifras forman parte de la acusación presentada por la Fiscalía en el marco de la investigación.
La relación de Salazar con Finca Karina
Uno de los elementos centrales que vinculan a Alfredo Salazar con la causa es su relación con la propiedad investigada.
La información oficial del Ministerio Público Fiscal de Argentina señala que entre los principales responsables identificados durante la investigación se encontraba Alfredo Salazar. Según la Fiscalía, su hermana, Gladis Salazar, fue registrada como adquirente de uno de los predios que conformaban Finca Karina, luego de comprarlo a Alfredo por 20 millones de pesos argentinos.
Los investigadores cuestionaron si el perfil financiero y patrimonial de Gladis Salazar permitía justificar una operación de esa magnitud, por lo que esta transacción también fue incorporada dentro de los elementos analizados en la causa.
La Fiscalía argentina también había señalado, cuando se realizaron las primeras detenciones y allanamientos en agosto de 2025, que Alfredo Salazar tenía residencia en Bolivia y que estaba imputado por presuntamente operar en el envío de mercadería ilegal. En ese momento no había podido ser detenido.
De prófugo a detenido tras su captura en Tarija
La situación cambió este mes, cuando Salazar fue localizado y capturado en la ciudad de Tarija.
Medios argentinos informaron que la aprehensión se produjo el miércoles 12 de agosto y que posteriormente las autoridades bolivianas lo entregaron a sus pares argentinos en La Quiaca. Desde allí fue puesto a disposición de la Justicia Federal para continuar con el proceso en su contra.
Tras la audiencia de imputación, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, ordenó su prisión preventiva. Salazar quedó imputado por el delito de contrabando de importación de mercaderías agravado por el número de personas involucradas y por el valor de la mercadería presuntamente contrabandeada, según la información publicada sobre la causa.
Su captura representó un nuevo avance en una investigación que mantenía a varios acusados prófugos. De acuerdo con la información difundida el 15 de agosto, Salazar era uno de los cuatro investigados que aún faltaban capturar inicialmente. Además de él, otros acusados fueron detenidos posteriormente, mientras que Rubén René Rosales continuaba prófugo, según el reporte de medios argentinos.
Un corredor clandestino a orillas del río Bermejo
La investigación sobre Finca Karina reveló la importancia que tenía la ubicación geográfica del predio para el supuesto funcionamiento de la estructura.
El Ministerio Público Fiscal explicó que desde la finca se podía acceder directamente a la margen argentina del río Bermejo, donde se había detectado movimiento de gomones que realizaban cruces con Bolivia. Una vez que la mercadería llegaba al lado argentino, era cargada en vehículos que ingresaban al predio y posteriormente podía ser trasladada por carretera.
La acusación sostiene que este recorrido permitía evitar los controles aduaneros regulares. La investigación incluyó tareas de inteligencia, observaciones de campo, la participación de un agente revelador y registros realizados con drones para documentar el movimiento de vehículos y embarcaciones en la zona.
En agosto de 2025, las autoridades argentinas desplegaron un importante operativo con alrededor de 170 efectivos de distintas fuerzas y personal de organismos de control, que derivó en allanamientos, secuestros y detenciones dentro de la investigación. Sin embargo, Alfredo Salazar no pudo ser localizado entonces y permaneció fuera del alcance de la Justicia hasta su reciente captura en Bolivia.
El papel de Bolivia en el caso
La captura de Salazar en Tarija y su posterior entrega a Argentina incorporan directamente a Bolivia en el desenlace de la búsqueda del acusado.
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Hasta ahora, la información conocida señala que Salazar poseía residencia en Bolivia y que la Fiscalía argentina lo investigaba por su presunta vinculación con el envío de mercadería ilegal desde este lado de la frontera. La reciente captura permitió que fuera puesto ante un juez argentino, quien finalmente dispuso su prisión preventiva.
El caso refleja, además, la dimensión transfronteriza de la investigación. La presunta organización operaba en una zona donde el río Bermejo conecta puntos fronterizos de Argentina y Bolivia, mientras que la captura de uno de los principales acusados se produjo en territorio boliviano antes de su entrega a las autoridades argentinas.
Por ahora, Salazar deberá continuar sometido al proceso judicial en Argentina. Las acusaciones en su contra forman parte de una investigación en curso y deberán ser probadas dentro del proceso correspondiente.
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