El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, anunció este jueves que solicitará la detención preventiva por 180 días para Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, acusado por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica.
“La fiscal ha sustentado la existencia del hecho y la concurrencia de riesgos procesales. Se requiere la detención preventiva por el término máximo de 180 días, mientras se amplían las investigaciones”, señaló el fiscal.
Añadió que la imputación formal fue presentada el 10 de octubre y que la Fiscalía solicitará la detención preventiva en un centro penitenciario de Santa Cruz.
El fiscal informó que Arce Mosqueira se presentó en la Dirección de Género del Ministerio Público de manera voluntaria, sin embargo, las autoridades confirmaron la vigencia de la orden y procedieron a su ejecución.
“El imputado Luis Marcelo se ha apersonado ante las oficinas del Ministerio Público, y de inmediato se dio cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por las representantes fiscales. Esto fue posible también gracias a la activación del sello rojo solicitado a Interpol, que tenía por objetivo su localización y captura”, explicó Zeballos.
Tras su aprehensión, la Fiscalía notificó de inmediato a la Policía Boliviana, que trasladó al acusado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
La orden de aprehensión fue emitida el 19 de septiembre, a raíz de una denuncia interpuesta por su pareja, quien lo acusó de agresiones físicas. Aunque la víctima desistió posteriormente de la denuncia, la Fiscalía decidió continuar de oficio la investigación, al considerar que se trata de un caso que involucra a una mujer en situación de vulnerabilidad y que existen indicios sólidos del hecho denunciado.
Arce Mosqueira deberá prestar su declaración informativa en presencia de su defensa legal y de la fiscal Jéssica Echeverría, asignada al caso. Posteriormente, el Ministerio Público notificará al juez para la realización de la audiencia de medidas cautelares.
De acuerdo con el certificado médico forense, la víctima presenta lesiones con 12 días de impedimento, además de afectaciones psicológicas verificadas por la Unidad de Protección a Víctimas y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado.
Sobre el desistimiento de la denuncia por parte de la víctima, el fiscal aclaró que la investigación continuará de oficio, conforme a la normativa vigente.
“El objetivo del Ministerio Público es preservar la integridad física y psicológica de la víctima. Aunque se haya presentado un acuerdo conciliatorio, corresponde al juez valorar su validez bajo los principios de la Ley 348”, añadió Zeballos
Explicó que, si bien la Ley 348 contempla la conciliación por única vez, su aplicación depende del análisis del juez y de la valoración de las pruebas que se presenten en el proceso.
La Razón
