La Iglesia Católica de Bolivia expresó este martes su «profundo repudio» por la muerte violenta del indígena leco Francisco Marupa y consideró que «no es un hecho aislado», sino el resultado del «asedio» de «intereses económicos» dedicados al tráfico de tierras y la minería ilegal en los territorios originarios.
Este pronunciamiento fue realizado por la Red Eclesial Panamazónica (Repam Bolivia), la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama Bolivia) y los vicariatos apostólicos de las regiones amazónicas de Pando y Beni, y el de Reyes, que es una circunscripción eclesiástica conformada por tres provincias bolivianas con territorios indígenas.
Las entidades manifestaron en un comunicado su «profundo repudio y consternación ante el asesinato» de Marupa, «defensor de la naturaleza», un suceso ocurrido en la comunidad Torewa, dentro del Territorio Indígena Originario (TCO) Leco, en el Parque Nacional Madidi, una de las áreas más biodiversas del mundo situada en el norte de La Paz.
«Este crimen no es un hecho aislado, sino el resultado del asedio y violencia sistemática por parte de intereses económicos dedicados al tráfico de tierras y a la minería ilegal», señalaron.
También señalaron que han denunciado la «invasión» de los territorios originarios, «el desalojo forzado de familias indígenas, la quema de viviendas, todo ello con el objetivo de apropiarse del territorio para actividades extractivistas».
«Hechos similares de quema de casas y amedrentamiento han sido denunciados también en el pueblo Tsimane del sector Yacuma (en Beni), lo que evidencia un patrón de violencia y desplazamiento forzado contra las comunidades indígenas que defienden sus territorios», agregaron.
Las entidades citaron la encíclica del papa Francisco ‘Laudato Si’ que señala que «la defensa de la tierra tiene que ver con la dignidad de los más frágiles», por lo que sostuvieron que es responsabilidad de todos «proteger a quienes, como el Pueblo Leco, resguardan la creación y la vida en armonía con la naturaleza».
Concluyeron expresando su solidaridad con la familia de Marupa y con los indígenas lecos, e instaron a la comunidad «nacional e internacional» a exigir «justicia» y «a vigilar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas».
En otro comunicado difundido este martes, más de 70 instituciones bolivianas y latinoamericanas, incluidas fundaciones y medios de comunicación dependientes de la Iglesia católica, ONG independientes y ambientalistas, reclamaron «el pronto y pleno establecimiento de la verdad» sobre el asesinato de Marupa.
También demandaron que el Estado «garantice la protección efectiva de los pueblos y las personas defensoras del territorio y el medioambiente», quienes «no han sido ni escuchados ni protegidos».
Marupa, de 67 años, estaba reportado como desaparecido desde el 12 de febrero y fue hallado muerto, con signos de violencia, dos días después cerca de un río en la TCO Leco, cuyos líderes denunciaron que el fallecimiento ocurrió en medio de un constante asedio contra los indígenas por parte de personas dedicadas a la minería ilegal y la caza furtiva.
La Unión Europea (UE) en Bolivia condenó el sábado la muerte violenta de Marupa y consideró que «este trágico suceso es una alarmante muestra de los riesgos y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas» en el país.
Un joven indígena de 20 años fue detenido, sindicado de ser el supuesto autor confeso del asesinato.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y la Policía de Bolivia han asegurado que el suceso no estuvo vinculado con problemas de minería ilegal o territoriales, lo que fue criticado por organizaciones indígenas y ambientalistas que exigen que se haga una investigación imparcial.
EL DEBER
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