El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que no comparte que las Fiscalía haya convocado a periodistas cruceños a declarar por los hechos violentos que tuvieron lugar en la población de Mairana en octubre de 2024, cuando el evismo protagonizó bloqueos de rutas.
“Los periodistas cumplen una función de informar en función al trabajo que vienen realizando, por lo cual no comparto que se los convoque a declarar”, dijo Ríos a los periodistas tras reconocer que las imágenes periodísticas han sido de mucha utilidad.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, por su lado, anticipó que pedirá informes de este caso tanto a los representantes del Ministerio Público de La Paz y Santa Cruz.
“El caso es investigado en la ciudad de La Paz, con control jurisdiccional también y la dirección funcional del Ministerio Público en La Paz, y de manera inmediata, yo voy a pedir el informe”, dijo la autoridad en contacto con los periodistas.
El fiscal anticorrupción, Hernán Kieffer, y un policía investigador enviaron una orden de citación contra siete periodistas a través de la red WhatsApp dentro de la acumulación de pruebas contra el concejal Gilbert Tapia que pertenece al sector del Movimiento al Socialismo (MAS) que apoya al expresidente Evo Morales.
Tapia fue detenido y es investigado por supuesto financiamiento y apoyo al bloqueo de la carretera principal de Mairana, un municipio localizado a 135 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que derivó en el secuestro y agresión a periodistas y policías.
La orden de citación conmina a la presentación de los periodistas ante el investigador en oficinas policiales de la ciudad de La Paz, a 851 kilómetros al oeste de Santa Cruz de la Sierra, la sede de sus actividades laborales.
Varios de los periodistas citados no estuvieron presentes en el lugar de los hechos, explicó Roberto Méndez, expresidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Entre los
La asesora legal de esta asolación, Raquel Guerrero, afirmó que estas citaciones son ilegales porque llegaron a través de mensajes y no de manera personal como exigen los procedimientos, y exigió que los hechos registrados en Santa Cruz deben ser investigados en la región.
Las organizaciones de prensa han manifestado su respaldo a los periodistas citados y exigen que se respete su derecho a informar sin presiones ni amenazas judiciales.
“Esta citación a los siete trabajadores de la prensa, de parte de la Fiscalía Anticorrupción de La Paz, puede ser calificada como de atropello, acoso judicial y persecución política, porque no corresponde a varios de esa listita y además de la forma”, dijo este lunes la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera.
La dirigente, quien figura entre los convocados “es una muestra más de lo que consideramos persecución política”. “Es una forma de amedrentarnos y restringir nuestras labores. Nos quieren utilizar en una guerra, que hay entre dos facciones del MAS”, dijo.
“Nunca, de manera personal, se habían metido conmigo; pero me sorprendió un día, que un policía me llame y me escriba, porque quería hablar conmigo. La primera vez fue para pedirme videos y grabaciones de lo que ocurrió en Mairana”, relató.
El Deber
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