Bolivia vivía en el desgobierno el 11 de noviembre de 2019, el día después de la renuncia de Evo Morales, un escenario que las fuerzas del orden aprovecharon, según varios ciudadanos, para cometer abusos. Un año y medio después, las víctimas de aquel nefasto lunes buscan justicia.
Morales volaba rumbo a México un día después de su renuncia. La segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se proclamaba presidenta interina del país el 12 de noviembre en una Asamblea Legislativa semivacío, un movimiento avalado por la Constitución.
En esas confusas horas de una Bolivia acéfala y que acumulaba casi tres semanas de protestas, a veces violentas, Agamenón Espejo dice que fue detenido, golpeado y amenazado por agentes del orden en la ciudad de El Alto.
Este comerciante de 45 años asegura que fue detenido a media tarde cuando caminaba con un amigo para verificar el estado de su puesto de venta. Fue atrapado por vecinos que vigilaban las calles asustados ante rumores sobre la llegada de saqueadores.
Lo entregaron a la Policía de esa ciudad en la que en 2003 se gestó la revuelta que acabó por derrocar al entonces mandatario conservador Gonzalo Sánchez de Lozada, que se saldó con más de 60 muertos.
«Nos agarraron (los policías) directamente a golpes, con palazos, nos patearon. Nos metieron en un cuarto y nos echaron gas (lacrimógeno), nos dieron con toletes (porras), con la cacha (culata) de las armas, nos intimidaron diciendo que nos iban a matar y a botar nuestros cuerpos», explica Agamenón a la AFP.
Dice que los vecinos lo confundieron con quienes, horas después, incendiaron la misma infraestructura policial a la que fue llevado.
Así comenzó el calvario de Agamenón, semejante al narrado por otros detenidos en circunstancias parecidas esos días.
Fue llevado al Comando de la Policía en La Paz, donde los efectivos del orden lo mostraron ante la prensa, junto a otras 20 personas, con granadas y dinamita que presuntamente llevaban encima. De allí les trasladaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde Espejo asegura que les aplicaron descargas eléctricas.
Madre desesperada
Aquel 11 de noviembre, Cecilia Mamani, de 40 años, despidió a su hijo Ismael Chirino, de 23, cuando salió en la mañana a rendir un examen en la universidad, donde estudiaba Trabajo Social.
Como no había transporte público debido a las protestas que agitaron al país después de las elecciones presidenciales de octubre de 2019, el joven volvió a casa caminando. Un grupo de vecinos lo detuvo, lo interrogó y lo golpeó. Luego llegaron unos policías que pensaron que era un saqueador, denuncia Cecilia.
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Chirino acompañó a los uniformados para esclarecer los hechos, pero una vez en dependencias policiales lo «torturaron, gasearon, le pusieron una bolsa en la cabeza y le apuntaron con un arma», afirma la madre a la AFP.
Sigue teniendo dolores por las palizas recibidas, afirma la mujer. «Me dice ‘mami, no sé qué hacer’. Trato de curarle con medicinas naturales, pero aún siente dolor. Y por los traumas llora y no sé cómo consolarlo», comenta Cecilia entre lágrimas.
Como Ismael y Agamenón, otros detenidos en esa jornada también denuncian que sufrieron diversos abusos a manos de policías sin saber por qué.
Manos amoratadas
Joga Marconi, de 23 años, regresaba con su hermano y dos colegas albañiles de la obra donde trabajaban cuando fueron agarrados por unos vecinos, que los entregaron a la Policía afirmando que eran delincuentes.
Su madre, Natividad Mamani, de 40 años, indica a la AFP que todavía no puede creer la suma de abusos que toleró para evitar que vulneraran más los derechos de su hijo tras las rejas.
Cuando Joga llevaba 15 días detenido, ella logró introducir clandestinamente un teléfono celular a la prisión, con el que tomó fotos que lo muestran con las manos amoratadas por los golpes recibidos.
Natividad dice que la familia no tenía dinero para pagar los sobornos que imponían otros reclusos para darle cierta seguridad a su hijo. El joven y los demás detenidos del 11 de noviembre recibían golpizas de otros presos por órdenes «desde arriba», asegura. Joga salió de prisión dos meses más tarde.
Un año medio después de esas protestas, que culminaron con una veintena de muertos y cientos de heridos, Agamenón, Ismael y Joga están en libertad, pero otros siguen tras las rejas, y ningún policía ha sido llevado ante la justicia.
«Para la gente pobre y humilde no hay justicia (…). Mi hijo perdió su trabajo, sus estudios, sus amigos, perdió todo», dice Natividad. «Vulneraron todos sus derechos y no hay justicia hasta el día de hoy».
Durante el gobierno transitorio de Áñez no se hicieron investigaciones a las denuncias sobre abusos policiales, mientras que el actual gobernante, Luis Arce, prometió, bajo el eslogan de «justicia y no venganza», aclarar esos incidentes. Los casos están en la Fiscalía.
Fuente: LA RAZÓN.
