Romel Cardozo, que reveló la inocencia del médico Jhiery Fernández en el sonado caso del bebé Alexander, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de sanciones para policías y jueces y de una indemnización. Está en la cárcel de Chonchocoro desde hace dos años y cuatro meses, por la denuncia de violencia doméstica de la exjueza Patricia Pacajes.
En marzo de 2014, el bebé Alexander perdió la vida en un centro de acogida de La Paz y una forense afirmó que había sido violado; en marzo de 2018, Fernández, que defendía su inocencia, fue sentenciado a 20 años de cárcel. En mayo de ese año, Cardozo conoció a Pacajes, quien más de un mes después, le reveló en una reunión social que había condenado a Fernández sin pruebas; Cardozo la grabó y en septiembre reveló el audio y desató el escándalo.
Ahora, Romel Cardozo está recluido en la cárcel paceña sentenciado por violencia doméstica a acusación de Pacajes. Tiene una condena de tres años y medio de prisión y ha cumplido dos años y cuatro meses, informa su abogada Nayra Moscoso, en Correo del Sur Radio.
Asegura que a su ingreso lo tuvieron alrededor de 90 días en una celda de aislamiento “en condiciones inhumanas”.
“Le correspondía (acogerse a un beneficio por el tiempo de la condena), pero lamentablemente aquí en el país no se respeta el debido proceso”, lamenta.
Además de Pacajes, Cardozo tiene denuncias de violencia presentadas por Giancarla M. M. y Anahí C., pero su abogada asegura que quedaron en nada.
Anticipa que, a más tardar la próxima semana, acudirán a la CIDH para denunciar violación a los derechos humanos, a raíz de estos abusos y dos allanamientos, que califican de “atracos”.
El primero data del 17 de enero de 2014 y acusan al entonces edecán del exministro de Defensa Reymi Ferreira, José Alfredo Soria, y al fiscal José Ponce, mientras que el segundo se ejecutó el 7 de septiembre de 2018, encabezado por el fiscal Reynaldo Balderrama. En ambos, secuestraron armas deportivas y municiones y en el último, joyas, relojes de colección y dinero que no fueron devueltos en su totalidad, afirma la jurista al mostrar informes. Añade que el actual viceministro de Seguridad Ciudadana, Jhonny Aguilera, tenía conocimiento del operativo de 2018.
“Se va a ingresar esta denuncia a la CIDH con toda la documentación (…) No se ha respetado absolutamente en nada sus derechos humanos, no ha existido un debido proceso en todos los casos que le han abierto; han sido sobreseídos, desestimados a falta de pruebas, él no tendría que estar preso, y aun así, habiendo cumplido la condena de más del 50% que le dictaron ya tendría que estar libre”, agrega.
Remarca que buscan castigos para los responsables y una indemnización del Estado.
En el país
La abogada de Cardozo apunta que ya plantearon denuncias ante el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Policía y el Ministerio de Gobierno.
Correo del Sur
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