Bajo la consigna de que estos hechos de confrontación no se pueden volver a repetir, la Defensoría del Pueblo presentó este jueves su informe preliminar sobre vulneración de derechos humanos en el conflicto por el Censo, que tuvo tiempo a finales del año pasado, y ha registrado más de 70 casos.
El defensor Pedro Callisaya indicó que durante el conflicto hasta el 31 de noviembre de 2022, la Defensoría registró 71 casos de vulneración a derechos humanos, aunque después esa cifra subió a 77.
Entre los casos, Callisaya mencionó que se ha reportado tres de pérdidas de vida, pero también de vulneración de la libertad de prensa, acceso a la salud, violencia contra las mujeres, vulneración del derecho a integridad, del derecho a la propiedad, entre otros.
“Claramente se establece un mensaje a toda la población y al Estado boliviano: que no podemos reproducir los errores de confrontación, no podemos producir los errores de vulneración de derechos” reflexionó la autoridad defensorial.
“Tiene que existir por parte del Estado boliviano una atención oportuna a todas las demandas ciudadanas, pero también por parte de los movilizados debe tener un espacio de manifestación de sus protestas en el marco del respeto de los derechos de los demás y canalizar a través de los mecanismos formales esas demandas”, agregó.
Recalcó que no debe volver acontecer la vulneración de derechos debemos y llamó a aceptar la vida, a respetar la integridad, a respetar al otro que piensa diferente.
Callisaya precisó que se están investigando también varios casos de exceso de uso de fuerza, como por ejemplo de la bebé que ha sido afectada por una gasificación.
Anunció que el informe final se va a publicar el mes de marzo.
El conflicto por el Censo se desató por la decisión de suspender el estudio nacional hasta 2024. Los cívicos y autoridades cruceñas encabezaron las protestas para que se haga en 2023, aunque después levantaron las medidas por una ley que aseguraba la realización del Censo en 2024.
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