Ahoradigital – La representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza, advirtió que organizaciones criminales de México, Brasil, Perú y Colombia tienen presencia en el país y operan con la anuencia de estructuras locales, en un escenario que refleja la expansión del narcotráfico y su conexión con otras actividades ilícitas.
En una entrevista con la agencia EFE, difundida por Unitel, Mendoza afirmó que Bolivia se convirtió en los últimos años en un centro de operaciones para carteles internacionales. Entre las organizaciones mencionadas figuran el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México; el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), de Brasil, además de grupos criminales peruanos y colombianos.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, sostuvo la representante de la Unodc.
Aumentan las disputas y el sicariato
Mendoza también alertó sobre el incremento de los asesinatos por encargo y las disputas entre organizaciones criminales por el control de territorios y rutas. Según explicó, estos enfrentamientos se registran de manera recurrente en zonas fronterizas con Brasil, donde la violencia obligó al Gobierno a desplegar efectivos militares y unidades especializadas para reforzar la seguridad.
La funcionaria señaló que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde la producción o el tránsito de drogas, debido a la conexión del narcotráfico con delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal.
Alertan sobre infiltración institucional
La representante de Naciones Unidas también advirtió sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales, particularmente en el sistema judicial, donde posibles redes de corrupción pueden obstaculizar las investigaciones y evitar que los responsables sean sancionados.
Sus declaraciones se produjeron en medio de la controversia por el caso del exfiscal general Roger Mariaca, a quien el Ejecutivo acusó de presunta protección al narcoterrorismo. Estas acusaciones deben distinguirse de los hechos que puedan establecerse dentro de los procesos judiciales correspondientes.
Mendoza consideró que la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset evidenció la dimensión de las estructuras criminales que operan en el país. Asimismo, sostuvo que la lucha contra estas organizaciones requiere cooperación internacional y acciones coordinadas para afectar tanto sus operaciones como sus recursos económicos.
Coca, lavado de dinero y desafíos judiciales
La alerta también coincide con el crecimiento de los cultivos de coca. Según el último informe de la Unodc citado en la entrevista, la superficie cultivada en Bolivia pasó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025, un incremento del 7%.
Mendoza planteó la necesidad de fortalecer la persecución financiera del narcotráfico, avanzar en normas contra el lavado de dinero y sobre extinción de dominio, además de lograr más sentencias en casos vinculados con estas actividades.
La advertencia pone sobre la mesa un desafío que va más allá de los operativos policiales: debilitar las redes de apoyo, las estructuras financieras y los posibles mecanismos de protección que permiten al crimen organizado expandirse en territorio boliviano.
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