El asesinato de Tanya, la adolescente de 13 años que desapareció el 15 de noviembre en Chulumani, ha consternado a los Yungas y al país. Su nombre se convirtió en un reclamo colectivo que exige respuestas y justicia. Este miércoles, la investigación dio un giro decisivo: Brayan P., de 22 años, se entregó a la Policía, admitió su responsabilidad y expresó su intención de someterse a un juicio abreviado con la pena máxima de 30 años.
Desde el interior de su celda policial, en La Paz, Brayan P. se mostró arrepentido y reconoció públicamente su responsabilidad en el crimen, además de afirmar que aceptará la condena máxima por el delito de feminicidio. “Sí, me he declarado culpable”, dijo.
“Sé que tengo que recibir una sanción penal y la voy a aceptar. Treinta años, podría aceptar esa condena”, declaró el responsable confeso del crimen.
Su decisión abre un camino judicial más corto, pero no menos doloroso para la familia de la víctima, que insiste en que todo el proceso sea transparente y sin beneficios.
De acuerdo con la investigación preliminar, aquella madrugada del 15 de noviembre, cerca de las 02:30, Tanya abordó una camioneta en la plaza San Martín de Chulumani para regresar a su casa. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento exacto en el que subió al vehículo conducido por el ahora imputado.
Minutos antes, la adolescente había enviado mensajes a su familia diciendo que se sentía insegura por el estado del conductor, quien exteriorizó su estado de ebriedad. Fue la última comunicación que tuvieron con ella.
Tras cuatro días de búsqueda y tensión creciente en el pueblo, el acusado se presentó ante la Policía y reveló la ubicación del cuerpo, en una zona alejada del municipio, ubicado a 115 kilómetros de La Paz. El vehículo implicado ya había sido identificado y posteriormente fue incendiado por pobladores indignados.
Una investigación que aún no cierra
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la autopsia legal confirmó signos de violencia y que, dada la confesión, el proceso avanza hacia la vía abreviada. Sin embargo, la Fiscalía continúa reconstruyendo la ruta del acusado, colectando evidencias y tomando declaraciones. No se descarta indagar si hubo terceros involucrados en el traslado o abandono del cuerpo.
La madre de Tanya, en medio del dolor, pidió que la justicia actúe con firmeza. “Quiero justicia para mi hija”, dijo ante los medios. Sus palabras resonaron en todo Chulumani, donde vecinos, profesores y familiares acompañaron las exequias, exigiendo mayor seguridad para niñas y adolescentes.
El lunes por la noche, en una vigilia que iluminó el pueblo, la comunidad repitió el mismo pedido: justicia, verdad y medidas preventivas que eviten que otra familia vuelva a sufrir lo mismo.
Si el acuerdo con la Fiscalía se concreta, Brayan P. recibiría 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena más alta contemplada por la normativa boliviana. Solo falta que se firme el acta para instalar la audiencia de procedimiento abreviado.
Mientras tanto, el nombre de Tanya sigue recorriendo los Yungas: en murmuraciones, en carteles, en oraciones y en abrazos. Chulumani no quiere olvidar, y tampoco quiere que este caso quede en silencio o se repita.
EL DEBER
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