La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que se está investigando la responsabilidad que tendrían jueces y fiscales en la vulneración de derechos de Marco Aramayo y Elvira Parra, ambos exdirectores del Fondo Indígena, a quienes se les procesó de manera múltiple y se los mantuvo encarcelados sin la posibilidad de defenderse en libertad.
“Tanto en el caso del señor Aramayo y como de la señora Parra, lo que estamos haciendo al aperturar casos es investigar la responsabilidad funcional, es decir, la responsabilidad de jueces y fiscales que hubieran intervenido en las causas donde estas personas estaban siendo procesadas para determinar si se han cumplido las garantías del debido proceso”, dijo Cruz en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.
Aramayo y Parra fueron encarcelados desde 2015 por el caso Fondioc, en el cual se investigan los recursos que recibieron representantes de organizaciones sociales que no cumplieron con proyectos gestionados ante el Fondo Indígena.
Aramayo falleció en abril de este año, con una salud deteriorada por su encarcelamiento y objeto de una multiplicidad de procesos. Parra, por su parte, lleva siete años en la cárcel, a pesar de que ya habría cumplido incluso con el tiempo de condena establecido para los delitos que se le imputa.
“Hemos podido evidenciar que la señora (Parra) ya habría cumplido la pena máxima de procesos judiciales donde tendría las penas más altas entre siete y ocho años”, ratificó Cruz.
Explicó que Parra tienes dos órdenes de detención, una en Beni donde ya está sobreseída y ya no habría justificación para mantenerla privada de libertad, y otra en La Paz donde recibió medidas sustitutivas, pero no tiene los garantes que le exigió la autoridad judicial para salir libre.
Cruz explicó que, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no se puede aplicar medidas sustitutivas imposible de cumplir para una persona que se debería defender en libertad.
Actualmente Parra se encuentra recluida en el penal de Palmasola. Ella y su defensa también denunciaron que es una vulneración, porque estuvo siete años en una cárcel de La Paz y, de sorpresa, un juez determinó que se quede encarcelada en Santa Cruz alejándola de su familia y cuando no tenía ni ropa para cambiarse.
Cruz lamentó que en este caso, el Ministerio Público se ratifica en su renuencia de colaborar en una causa que a todas las vistas está evidenciando la fragilidad de las personas ante el sistema de justicia penal.
Señaló que el Consejo de la Magistratura y la unidad de transparencia del Tribunal Supremo de Justicia sí se han comprometido para asegurar primero que no se suspenden las audiencias de Parra y que se generen procesos de responsabilidad respecto a jueces y personal subalterno ya hayan incurrido en irregularidades.
Erbol
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