Chile informó este viernes del desmantelamiento de una banda criminal dedicada al tráfico ilegal de migrantes, que habría ayudado a ingresar al país desde Bolivia, por pasos fronterizos no autorizados, a más de 3.600 personas, incluidos menores de edad.
En total, fueron detenidas nueve personas de distintas nacionalidades, entre venezolanos, bolivianos y chilenos, que cobraban cerca de 200 dólares a cada migrante para ingresar a Chile y llegar en buses a la capital.
«Existió un importante riesgo para la vida de todas las personas que fueron traficadas, considerando que debían cruzar a pie en el desierto a altas horas de la noche y luego permanecer en muchos casos hacinados en casas en Colchane, donde los mantenían hasta que se concretara el viaje a Santiago», explicó la fiscal Carolina Suazo.
El paso fronterizo entre la pequeña localidad chilena de Colchane y Bolivia, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar con extremas temperaturas, se ha convertido en los últimos meses en ruta habitual para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular, aunque en lo que va de año ya han fallecido al menos 9 personas.
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Ni la pandemia ni la crisis social que se extendió durante más de un año en 2019, han alejado el deseo de migrar a Chile, uno de los países más atractivos dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en el país, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
«Tenemos miles de migrantes que han sido captados por estas bandas, que tienen ganancias millonarias. Estas personas luego quedan en la informalidad administrativa más absoluta», indicó por su parte el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Con el objetivo de frenar la entrada ilegal, el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, promulgó en abril una nueva ley de migración más estricta que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.
La norma permite además al Gobierno deportar a los migrantes y desde abril han sido expulsados al menos en cinco vuelos chárter más de medio millar de personas de distintas nacionalidades.
Las deportaciones masivas han recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) o las Naciones Unidas, que alertaron de graves violaciones a los derechos fundamentales de estos extranjeros.
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