Ahoradigital – Elöd Tóásó y Mario Tadic, sobrevivientes del operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, acusaron al Estado boliviano de retrasar la investigación de los hechos ocurridos en abril de 2009 y de incumplir sus obligaciones internacionales en materia de justicia y reparación.
En un comunicado difundido desde Hungría y Croacia, respectivamente, ambos cuestionaron que, a casi 18 años del operativo, todavía no se hayan esclarecido plenamente los hechos ni se hayan atendido, según denunciaron, las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron.
Tóásó y Tadic sostienen que el Estado debería impulsar de oficio la investigación penal, en lugar de limitarse a intervenir en un proceso iniciado mediante una denuncia particular. También observaron que la inspección del hotel se haya realizado tantos años después, cuando el inmueble cambió de propietarios y sufrió modificaciones en su infraestructura y personal.
Cuestionan la postura de la Procuraduría
Los sobrevivientes también criticaron a la Procuraduría General del Estado por considerar contradictorio que reconozca vulneraciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, mantenga la defensa estatal en instancias del sistema interamericano.
Además, negaron mantener comunicación con instituciones del Estado y rechazaron que se les hubiera presentado una oferta formal de atención médica o reparación en salud.
Según su posición, la reparación debe contemplar aspectos económicos, morales, sociales e institucionales, de acuerdo con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Un caso que sigue generando controversia
El operativo policial del 16 de abril de 2009 terminó con la muerte de Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Tóásó y Tadic fueron detenidos bajo acusaciones de integrar una presunta célula terrorista separatista.
Ambos permanecieron en prisión y posteriormente se sometieron a un juicio abreviado. Años después, llevaron sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó vulneraciones de derechos y estableció responsabilidades del Estado boliviano en el caso.
La controversia vuelve a poner en el centro del debate la actuación de las autoridades durante el operativo, la investigación de las presuntas violaciones de derechos humanos y la obligación de garantizar justicia y reparación a las víctimas.
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