La ex secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Sandra Velarde Casal, aceptó su culpabilidad en el daño económico de Bs 25,6 millones por el caso de contratos irregulares de personal, conocido como ‘ítems fantasmas’. La exautoridad,que se desempeñó en la gestión de Angélica Sosa, firmó un acuerdo para someterse a un juicio abreviado y tener una condena de tres años de cárcel.
El acuerdo para tener un procedimiento abreviado fue firmado por Sandra Velarde el 12 de diciembre a las 12:10 en la clínica Kamiya, donde permanece internada por problemas de salud desde el 8 de este mes.
En el documento, la exfuncionaria municipal renunció al juicio oral y aceptó un procedimiento abreviado, declarándose autora de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, que establecen una pena de tres años de cárcel.
El acuerdo lleva la firma del abogado Erwin Paúl Tapia Hurtado, director general de asuntos jurídicos del gobierno municipal de Santa Cruz, de Sandra Velarde, de sus abogados Fátima Zambrana y Fernando Orellana y del fiscal asignado al caso, Iván Quintanilla.
Ya fue presentado ante el juez segundo anticorrupción, Juan José Quiroz, que fijó audiencia para este jueves a las 9:00.
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Acusada con Angélica Sosa
Sandra Velarde está acusada formalmente para juicio oral por delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material e ideológica. Permanece con orden judicial de detención en la cárcel de Palmasola. Desde que ingresó al penal compartió una habitación con Angélica Sosa en el pabellón femenino, hasta que salió a una audiencia y fue internada por problemas de salud.
Según el informe policial, los objetos que tenía en el penal fueron retirados después del 8 de diciembre, cuando ella salió a una audiencia y sufrió un desmayo, por lo que finalmente fue internada en una habitación de la clínica Kamiya, que está ubicada cerca del Palacio de Justicia. Su permanencia en el centro médico fue autorizada por el juez Juan José Quiroz, quien además dispuso que tenga custodia policial.
Permanece en la habitación 102, hasta donde llegó EL DEBER y dialogó con ella. Sin embargo, la exfuncionaria se excusó de hacer declaraciones. Estaba con sus abogados y con vigilancia policial de la gobernación de Palmasola.
Los abogados de Sandra Velarde, también se excusaron de referirse a la aceptación del procedimiento abreviado y culpabilidad.
Denuncia
En el acuerdo firmado se adjunta que la investigación del Departamento Especializado Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía se desarrolla tras la denuncia del alcalde municipal Jhonny Fernández, formulada el 28 de mayo de 2021 contra la exalcaldesa, Angélica Sosa, la exsecretaria de Finanzas, Sandra Velarde, el exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño, por uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material e ideológica.
La denuncia señala que durante los meses de octubre y diciembre de 2020 se descubrieron contratos irregulares de al menos 1.205 funcionarios que recibieron salarios, pero que nunca fueron a trabajar, pues no marcaron tarjeta. Este hecho según la administración de Johnny Fernández causó un daño económico de 25,6 millones de bolivianos.
En las diligencias, que se adjunta en el acuerdo para ir a procedimiento abreviado, se hace conocer el contenido de las pesquisas. Entre ellos, la existencia de contratos ilegales suscritos por la gestiones de Angélica Sosa y Sandra Velarde, los que fueron clasificados en tres grupos.
En el grupo uno figuran los contratos que tienen firma del funcionario, pero no llevan la firma de autoridades, los cuales no tienen certificación presupuestaria.
En el grupo dos, los contratos que tienen firma del funcionario, el sello de autoridades, pero sin firma manuscrita. Se encuentran registrados en el sistema Zafiro, pero no en el Sigep, tampoco cuentan con la certificación presupuestaria.
En el grupo tres están los contratos que no tienen firma del funcionario, pero sí tienen firma de las autoridades municipales; se encuentran registrados en el sistema Zafiro, también registrados en el Sigep, pero no cuentan con certificación presupuestaria.
Una economía insostenible
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Para presentar el acuerdo ante el juez, que permite que Sandra Velarde se someta a procedimiento abreviado, también adjunta la declaración en calidad de testigo de Mario Alfonso Centellas, que es el actual secretario municipal de Administración y Finanzas de la Alcaldía.
Ante la pregunta de los investigadores de la Felcc: “Diga usted si se estableció el daño económico ocasionado al gobierno municipal dentro del presente caso y si su persona realizó informe al respecto”, Centellas respondió que “el daño económico establecido es de Bs 25.630.461.40 por la contratación y pago de sueldos a personal que no tiene evidencia de haber trabajado en la Alcaldía Municipal, ni evidencia de las labores que cumplían. Quiero agregar que el desequilibrio financiero presupuestario que ha ocasionado la anterior gestión municipal, que concluyó en abril de 2021, generó en el gobierno municipal problemas sociales, financieros, económicos y presupuestarios insostenibles”, acotó.
En su declaración, Centellas dijo: “Quiero mencionar que la anterior secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, tiene la profesión de arquitecta. No pude entender, cómo una arquitecta, puede manejar el presupuesto, la contabilidad y las finanzas municipales, siendo que para este cometido se requieren al menos 15 años de experiencia y la formación profesional adecuada. Es más en una visita realizada a su despacho antes de nuestra posesión comprobé que la mencionada arquitecta no tenía ni una computadora en su oficina”.
“El secretario municipal de Administración y Finanzas tiene bajo su control alrededor de 30 softwares, así como el sistema Sigep para poder administrar de forma adecuada las finanzas municipales”, señala Centellas en su declaración ante investigadores de la Felcc y fiscales.
Alcaldía está de acuerdo
En su fundamentación ante el juez Juan José Quiroz, la Fiscalía anticorrupción, representada por el fiscal Iván Quintanilla, establece que se firmó el acuerdo porque se cumplieron con los requisitos establecidos por la norma. Ellos son la comisión del hecho del presente caso, la participación de la imputada Sandra Velarde, la renuncia a un juicio oral continuo, contradictorio y público y la imposición de una pena.
“Es importante manifestar que la ahora acusada ha solicitado una salida alternativa de procedimiento abreviado, adjuntando al memorial el acuerdo de procedimiento abreviado con una pena de tres años de privación de libertad por delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Con estos antecedentes, de igual manera, da su conformidad la Alcaldía de Santa Cruz, conformando los personeros el acuerdo de procedimiento abreviado conforme a derecho”, señala el fiscal Iván Quintanilla.
Consultado sobre el caso el funcionario del Ministerio Público confirmó el acuerdo firmado por todas las partes en conflicto. Sin embargo, aseguró que será el juez el que determine en última instancia, en audiencia fijada para este jueves a las 9:00 de la mañana.
El representante de la Fiscalía manifestó que a la audiencia deben acudir personeros de la Alcaldía, de la Procuraduría del Estado, la acusada Sandra Velarde y sus abogados. “Todos deben estar de acuerdo. Esta es una acción penal, pero hay otra que es la acción civil. Sobre los bienes que pudiera tener la acusada Sandra Velarde se los analiza en otras instancias, nosotros perseguimos el delito penal”, dijo Iván Quintanilla.
La Fiscalía anticorrupción, en sus diligencias adjunta entre sus pruebas el decreto municipal 970/2020, firmado el 31 de diciembre de 2020, por la entonces alcaldesa interina Angélica Sosa. La parte del decreto señala que “el presente decreto edil tiene por objeto delegar a los secretarios municipales, del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz la facultad de firmar los contratos de personal eventual, designar y remover al personal de su secretaría de conformidad a las disposiciones legales en vigencia de cada una de las secretarías, señala el documento”.
El Deber
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