“Se juran lealtades con documentos de préstamo de dinero firmados”, manifestó Ricardo Arellano, uno de los fiscales designados al caso, ayer durante la exposición de la imputación formal contra el abogado Jhasmani T. L. y su esposa Jimena L., ambos involucrados en el caso de consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías.
El representante del Ministerio Público explicó que la esposa de Jhasmani era el nexo para hacer el “préstamo” de dinero a por lo menos cuatro jueces y fiscales a cambio de “lealtad”.
En audiencia se hizo mención a cuatro representantes judiciales, Fernando P., juez de la Estación Policial Integral (EPI) del norte, a quien se le prestó 5 mil dólares; Armando N. R., exjuez de instrucción, quien se “prestó” 2 mil dólares; Luis Armando A., secretario del juzgado de Colcapirhua, también fue beneficiado con un préstamo.
“Todavía existen personas que me deben, ahora me tendré que adoptar otras instancias para hacer el cobro de deudas, ya que mi método no funciona”, declaró Jhasmanio durante su intervención.
Arellano informó que la investigación se amplió contra los jueces antes mencionados, quienes serán convocados a declarar en los próximos días. Se presume que más jueces y fiscales estén comprometidos con estos “préstamos”.
El juez de la EPI Norte mencionado admitió a ATB que sí se prestó dinero de Jimena L., pero señaló que no sabía que era esposa de Jhasmani. Sin embargo, en la declaración de Sergio O. A. —hijo de Mauricio O., fiscal que actualmente se encuentra con detención preventiva—, cuenta que Jhasmani, de manera recurrente, hacía referencia a la quema de la casa del juez de la EPI Norte, pero que días después se encontraban tomando con él.
“Un día me invitó a almorzar, cuando llegué al lugar estaba Jhasmani con otras personas, uno de ellos era el juez de la EPI Norte, estaban haciendo las paces”, declaró.
Casos
Jhasmani T. L. habría cobrado 10 mil dólares por anular la sentencia del juicio por el asesinato de las hermanas Adriázola. Además, por cada proceso disciplinario contra policías, exigía el pago de mil dólares y granadas de gas.
Por otro lado, también entregó un sobre con mil dólares a Anawella T. P. para ratificar las medidas sustitutivas de Félix P. C., en el caso Choko Burger, implicado en el feminicidio de Janett Joselyn Aguilar Avendaño en mayo de 2018.
DAN DOMICILIARIA A LA ESPOSA DE “JHAS”
Tras más de cuatro horas de audiencia, el juez del Juzgado Primero Anticorrupción, tras la valoración de documentos y riesgos procesales, decidió beneficiar a Jimena L. con detención domiciliaria con custodios mujeres, tiene permitido salir de su domicilio para recoger a sus hijos de la escuela, arraigo, se le prohibió tomar contacto con los coimputados, debe presentarse ante la fiscalía y además de pagar una fianza de 10 mil bolivianos.
Mientras tanto, Jhasmani T. L. cuenta con detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz y deberá ser trasladado tras la audiencia de declaración anticipada que se desarrollará hoy.
DICHOS RELEVANTES DE JHASMANI T. L.
“Con torturas, pero ha pagado”. Dijo refiriéndose al trabajo de “cobrador” de deudas en el que trabajaba. “Recurrir a la vía judicial no sirve”, dijo.
“Tranquilízate, deja de llorar, asumiré la culpa y arreglaré las cosas”. Refirió Jhasmani al comunicarse con su esposa, antes de la audiencia de medidas cautelares por Consorcio.
“El hecho que yo esté en la cárcel no significa que no ame a mis hijos y a mi esposa”. Señaló a momento de solicitar que su esposa no sea sancionada drásticamente. Pidió al Ministerio Público ser más objetivos con la investigación.
“Tienen que sostener las cosas que declaran”. El acusado dijo que las personas que conformaban su bufete y que ahora declaran en su contra deben sostener sus declaraciones durante el juicio oral.
“El dinero que prestamos es fruto de mi trabajo, pero también es de mi esposa”, De esa manera justificó que los préstamos de dinero a jueces estén a nombre de su esposa, documentos que él también firma.
“Mi esposa no tiene nada que ver con mi trabajo, respeten la imagen de mi esposa”. Pidió a los medios de comunicación antes de la audiencia.
JHASMANI ASUME CULPA EN EL CASO TORTURAS
En el juzgado Segundo Anticorrupción, ayer, se desarrolló la audiencia de medidas cautelares de Jhasmani T. L., por el caso “torturas”, por lo que se le acusa por los presuntos delitos: organización criminal, extorsión y privación de libertad.
La fiscal, Faridy Arnez, dijo que en este caso aún no se logró identificar a las otras personas que aparecen en los videos que se virilizaron en redes sociales y diferentes medios de comunicación.
A esto el acusado, dijo: “dicen que soy jefe de una organización criminal, quiero aclarar que yo me hago responsable de lo que se ve en los videos. No permitiré que se procese a terceros, ellos solo estaban mirando”, aseguró Jhasmani.
La víctima no se hizo presente en la audiencia y delegó responsabilidades a la representante del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Lucía Mejía, quien aseguró que su cliente se encuentra atemorizado y cuenta con un cuadro de depresión y ansiedad.
“Yo no justifico mi conducta, asumo la responsabilidad y que se me sancione por mis acciones”, aseveró el acusado.
El juez, Richar Rodriguez, tras una evaluación de las pruebas y elementos expuestos por ambas partes, decidió disponer la detención preventiva en el penal de Chonchocoro para el imputado.
PIDEN QUE “JHAS” VUELVA A EL ABRA
Las abogadas defensoras de Jhasmani T. L. pidieron que su defendido sea trasladado al penal de El Abra, para precautelar su salud. “Tiene problemas de salud, está a punto de perder la pierna, se la pueden amputar si no recibe un tratamiento adecuado, la infección avanzó hasta el hueso”, aseveró una abogada.
“Llevo 53 días en Chonchocoro y sólo tomo diclofenaco”, dijo Jhasmani.
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