El anteproyecto de ley de creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción establece la obligatoriedad de que los funcionarios públicos levanten su secretario bancario y transparenten su información patrimonial y no así el sector privado, afirmó este martes el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
“Los empresarios privados no están obligados a levantar su secreto bancario, el anteproyecto de ley establece que son los funcionarios públicos quienes abrirán su información patrimonial, es una muestra de la distorsión que se ha hecho al respecto”, explicó en declaraciones a un grupo de periodistas.
Señaló que se publicará una “lista de integridad” de las empresas privadas que accedan voluntariamente a transparentar sus cuentas cuando perciban recursos del Estado.
El anteproyecto es una continuación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la Corrupción y de la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, que busca reforzar la prevención del delito.
“Es una política preventiva lo que no tenían les leyes mencionadas que son punitivas. Cuando alguien incurre en un delito debe ser sujeto a sanciones penales, está bien, pero esta ley tiene otro objetivo, es el de prevenir, evitar hechos de corrupción y crear un sistema de riesgos, el sistema de riesgos es parte de la nueva tecnología que se tiene en el mundo”, agregó la autoridad.
El anteproyecto busca identificar situaciones de riesgo a partir del cruce y análisis de la información en línea, mediante la interoperabilidad de bases de datos.
“La propuesta para el sistema de gestión de riesgo no es extemporánea, es una ley de avanzada, parte de la política preventiva, lo que queremos es prevenir conductas a la corrupción que se pueda presentar”, insistió.
El sistema será desarrollado por el Ministerio de Justicia y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), para la interoperabilidad de las bases de datos de las más de 350.000 declaraciones juradas, los más de mil procesos de contratación que se encuentran en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y la información de los gobiernos subnacionales.
Al encontrase la información centralizada en un solo sistema, será posible que salten las alertas tempranas cuando se detecten situaciones de riesgo, lo que permitirá que se generen investigaciones preventivas.
“El sistema permitirá recibir toda la información en línea y así poder accionar rápidamente cuando se presente un riesgo”, explicó Lima, cita un reporte del Ministerio de Justicia.
En el caso de las servidoras y servidores públicos, además de la información patrimonial, será posible verificar si su contratación con el Estado cumple con los requisitos del cargo.
En relación a las empresas privadas se manejarán dos clausulas importantes, anticorrupción y cuenta única, “vamos a saber qué se está haciendo con los recursos del Estado. La cláusula anticorrupción obliga a las empresas a proceder con claridad, un pago irregular podría generar una ruptura inmediata en la relación contractual”. La lista de integridad empresarial de quienes acepten transparentar su información, de igual manera, en los casos en los que las empresas reciben recursos del Estado.
“Los empresarios han manifestado su intención de ser parte de la construcción de la norma, toda norma es perfectible y acogemos abiertamente las observaciones del sector empresarial, de manera que esta norma pueda ser mejorada”, indicó el ministro.
ABI
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