El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín informó hace unos minutos que la Fiscalía le notificó con una resolución en la que se excluye de responsabilidad a todos los implicados en la quema de su casa, perpetrada tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre.
Albarracín hizo referencia al informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos sociales del 2019. “En mi caso establece que la quema de mi casa y el intento de asesinato no fueron hechos circunstanciales, sino planificados, recomendando al Estado la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables”, explicó a través de un video difundido en sus redes sociales
Sin embargo, hoy su familia fue notificada con una resolución, “mediante la cual se excluye de responsabilidad penal a los principales autores materiales intelectuales, entre ellos, el señor Jesús Vera”, dijo en alusión al presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz afín al MAS.
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La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación por tentativa de asesinato, incendio, daño calificado, asociación delictuosa e instigación pública para delinquir. Seis personas fueron imputadas por este caso: Jesús Vera, Eric Rodríguez, Mark Johnson Medina, Marina Poma y Angelino Ávila. Incuso dos de ellos fueron reconocidos por las víctimas.
Waldo Albarracín presentó querella en contra de Jesús Vera Plata y Mark Johnson Medina, luego ampliada para Eric Rodríguez Tapia y Emilio Refinjo Pezas. También solicitó la ampliación de la imputación para incluir a Jorge Terán Peñaranda.
Albarracín, ex rector de la UMSA, dijo que para poner “una cortina de humo” y matarlo civilmente, los abogados del Ministerio de Justicia junto a Jhanet A., lo difaman acusándolo de tener un hijo y de no reconocerlo. “Atribuyéndome una falsa paternidad”.
“Exijo que el Gobierno, en lugar de promover estas difamaciones para matarme civilmente, promueva la investigación de quienes quemaron mi casa e intentaron asesinarme”, solicitó.
Según Albarracín, él está dispuesto a someterse a un examen de ADN, pero la contraparte no aceptó y desapareció.
“Exijo que el Gobierno, en lugar de promover estas difamaciones para matarme civilmente, promueva la investigación de quienes quemaron mi casa e intentaron asesinarme”, solicitó.
Pese a estos argumentos, ayer la jueza Lily Tarquino determinó que el exrector de la UMSA debe pagar Bs 500 como asistencia familiar para su hija.
Página Siete
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