Ahoradigital – El excoronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Henry Crespo, es acusado por autoridades de Estados Unidos de utilizar su uniforme, instalaciones militares y personal armado para proteger operaciones de narcotráfico y facilitar el transporte de cargamentos de cocaína hacia distintos destinos internacionales.
Crespo, de 56 años, fue extraditado a Estados Unidos el 19 de noviembre, después de haber sido detenido en Bolivia el 28 de agosto. Es identificado en la investigación estadounidense con el alias de “Coronel Crespo”.
Según la acusación de la Fiscalía estadounidense, los hechos investigados ocurrieron entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, cuando el militar todavía se encontraba en servicio activo y tenía acceso a instalaciones de la FAB.
Uno de los lugares mencionados en la investigación es una instalación aérea ubicada en Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, donde presuntamente se habrían desarrollado reuniones con personas vinculadas al tráfico de drogas.
De acuerdo con los investigadores, Crespo habría participado en esos encuentros vistiendo su uniforme oficial, mientras subordinados militares permanecían de guardia con armas automáticas.

La acusación sostiene que el entonces coronel habría explicado las condiciones de seguridad de la instalación, las aeronaves que podían operar en el lugar y hasta detalles sobre las cantidades de cocaína que podían cargarse en los aviones y el tiempo necesario para hacerlo.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, afirmó que el acusado habría abusado de su posición dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas para proporcionar instalaciones militares y personal armado a organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En la misma línea, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, señaló que Crespo habría aprovechado su posición militar para proteger operaciones de tráfico de cocaína.
Tres cargos y posibilidad de cadena perpetua
El exmilitar enfrenta tres cargos federales en Estados Unidos: conspiración para importar cocaína, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con esa actividad ilícita, y conspiración para utilizar ese armamento.
En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua por el primer cargo. El segundo contempla una pena mínima de 30 años, que debe cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra condena.
La Fiscalía estadounidense aclaró que se trata de las penas previstas por la legislación y que la sentencia definitiva dependerá de la decisión del juez.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la posible infiltración del narcotráfico en estructuras de las Fuerzas Armadas bolivianas y el uso de recursos estatales para facilitar actividades criminales.
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