La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que Bolivia puede alcanzar una producción potencial de hasta 143 toneladas métricas de cocaína a partir de la hoja de coca cultivada fuera de las zonas legalmente autorizadas.
El informe revela que la superficie total de cultivos de coca en el país alcanzó 34.000 hectáreas en 2024, lo que representa un incremento del 10% respecto a la gestión 2023. Esta cifra supera en 12.000 hectáreas el límite máximo permitido por la Ley General de la Coca (Ley 906), que autoriza hasta 22.000 hectáreas para usos tradicionales, medicinales y culturales.
Mónica Mendoza, representante del organismo en Bolivia, indicó, en la presentación del informe, que si toda la hoja de coca producida en Bolivia fuera destinada a la elaboración ilícita de cocaína, el país puede alcanzar una producción potencial de 394 toneladas métricas.
Sin embargo, al excluir las zonas de producción autorizadas, el volumen estimado de droga se reduce a 143 toneladas métricas, una cifra que refleja exclusivamente el impacto de los cultivos excedentarios en el narcotráfico.
El monitoreo de la UNODC muestra que el crecimiento de los cultivos de coca no fue homogéneo en todo el país. La región de Los Yungas de La Paz concentra el 57% de la superficie total, con 19.230 hectáreas, registrando un incremento del 4% en relación con el año anterior. En tanto, el Trópico de Cochabamba concentra el 42%, con 14.275 hectáreas, y presenta el mayor crecimiento relativo, con un aumento del 18% en 2024.
La región del Norte de La Paz representa apenas el 1% del total, con 478 hectáreas, y registró una leve reducción del 2%.
El informe advierte que el incremento más significativo se produjo en zonas donde la expansión de cultivos ilegales es persistente, pese a los operativos de erradicación y control ejecutados por el Estado.
Datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) revelan que en 2024 el decomiso de droga en el país alcanzó un récord histórico, con la incautación de 66 toneladas de cocaína, el doble de lo registrado en 2023, cuando el volumen secuestrado llegó a 33 toneladas.
En la presente gestión, hasta noviembre, la FELCN logró incautar 36 toneladas de cocaína, entre clorhidrato y pasta base.
Escenario
Tras la presentación del informe, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, reconoció que Bolivia atraviesa un escenario crítico por el crecimiento sostenido de los cultivos de coca y advirtió que, de no tomarse medidas más drásticas, el país podría llegar a 40.000 hectáreas cultivadas en la próxima gestión.
La autoridad explicó que actualmente existen 34.000 hectáreas de coca, cuando la Ley General de la Coca autoriza solo 22.000, e incluso, dijo, que según estudios de consumo, el país necesitaría alrededor de 12.000 hectáreas para cubrir la demanda legal. “Estamos hablando de un excedente que claramente se destina al narcotráfico”, afirmó a Asuntos Centrales.
Cuestionó además el origen de la ampliación de la superficie legal de coca aprobada en 2017, al señalar que el incremento a 22.000 hectáreas “no tuvo rigor técnico” y terminó legalizando producción que no responde al consumo tradicional. “Se autorizó coca legal que lamentablemente se destina al narcotráfico”, sostuvo.
Indicó que se puso un cupo para Yungas de 14.000 hectáreas y para el Chapare se autorizaron 7.900 hectáreas en 2017.
Según la autoridad, mientras que la producción en los Yungas de La Paz se encuentra relativamente más controlada, el principal foco del excedente se concentra en el Trópico de Cochabamba, donde, reconoció, el control estatal ha sido históricamente más débil.
“Ahí es donde se pierde el control y donde está identificado el mayor excedente de hoja de coca”, indicó Justiniano.
En ese contexto, la autoridad reveló que en está gestión solo se erradicaron 3.700 hectáreas, una cifra muy por debajo de lo necesario para frenar la expansión de los cultivos ilegales, lo que coincide con las advertencias realizadas por la UNODC en su informe anual.
Señaló que el Estado deberá ser más enérgico en la erradicación de cultivos de coca, fortalecer los espacios de diálogo con los productores e impulsar con mayor fuerza el desarrollo alternativo, tomando como referencia las experiencias de Colombia y Perú, países que avanzaron significativamente en la promoción de productos con mercado que permitieron sustituir los cultivos de coca destinados al narcotráfico.
Otro dato que genera preocupación, según el Gobierno, es la reducción de los factores de conversión de hoja de coca a cocaína. la autoridad explicó que hace dos décadas se requerían alrededor de 340 kilos de hoja de coca para producir un kilo de cocaína, mientras que actualmente esa cifra se redujo a 200 kilos, e incluso podría estar cerca de 140 kilos, según estimaciones preliminares.
“Esto significa que no solo ha crecido la cantidad de coca sembrada, sino que hoy se puede producir más droga con menos hoja”, advirtió, lo que refuerza las proyecciones sobre el potencial de producción de cocaína en Bolivia.
En relación a la lucha contra el narcotráfico, el Viceministro confirmó que existe voluntad política para retomar y fortalecer la cooperación internacional, incluida la coordinación con Estados Unidos. Anunció que en enero se prevé una reunión presidencial para definir los mecanismos de apoyo y el intercambio de información, aunque evitó confirmar un retorno formal de la DEA al país.
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En esa línea, Jorge Santiestevan, coronel en servicio pasivo y analista en seguridad, consideró que la cifra real podría oscilar entre 180 y hasta 200 toneladas métricas, debido al crecimiento sostenido de los cultivos ilegales y a la expansión de laboratorios de droga en distintas regiones del país.
“La coca excedentaria es el origen de todos los males: laboratorios, mafias, pistas clandestinas y territorios donde el Estado no entra”, señaló a La Razón.
En ese sentido, descartó la narrativa oficial de que Bolivia sea solo un país de tránsito. “Bolivia no es solo tránsito; es un país productor y acumulador de droga, con bases de operación de organizaciones criminales dentro de su territorio”.
Otro aspecto alarmante, dijo que es la expansión de los cultivos de coca y de laboratorios de droga hacia parques nacionales y nuevas regiones, como Santa Cruz, el Madidi y zonas protegidas donde la presencia estatal es mínima.
“En los parques nacionales no entra la Policía ni los erradicadores. Una vez que instalan laboratorios, los delincuentes cierran esas áreas y expulsan incluso al turismo”, advirtió.
Para Santistevan, el crecimiento descontrolado de los cultivos ilegales evidencia un problema estructural del Estado. “Cuando el Estado no controla su territorio, no puede erradicar ni combatir el crimen organizado. La lucha debe empezar por la erradicación efectiva de la hoja de coca excedentaria”.
Consultado sobre la coca excedentaria de 12.000 hectáreas en base a datos de la UNODC, aseguró que la cifra subestima la realidad en el terreno nacional. “Desde mi experiencia operativa, la cantidad real de cultivos ilegales está entre 37.000 y 39.000 hectáreas. Los informes oficiales de erradicación no reflejan lo que realmente ocurre”, afirmó el exjefe militar.
Señaló que durante los últimos años no existió la capacidad logística ni operativa para cumplir las metas anuales anunciadas por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Explicó además que los sistemas satelitales utilizados por organismos internacionales no logran detectar los almácigos ocultos, es decir, grandes cantidades de plantines de coca que permanecen escondidos a la espera de ser sembrados. “Hay cientos de almácigos en el trópico. Eso no aparece en las imágenes satelitales, pero está ahí”, sostuvo.
Según el exjefe militar, la erradicación de coca requiere una logística compleja que Bolivia actualmente no tiene. Recordó que, cuando estuvo al mando de una agrupación táctica de entre 500 y 600 efectivos, apenas se lograban erradicar cerca de 8.000 hectáreas anuales, y solo cuando se contaba con helicópteros, transporte pesado, alimentación adecuada e incentivos económicos para el personal.
“Sin helicópteros, sin transporte y sin incentivos, es imposible erradicar 10.000 hectáreas al año como se informaba oficialmente. Eso es falso”, afirmó. Añadió que, tras la salida de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS), el país perdió apoyo logístico clave, lo que redujo drásticamente la capacidad operativa de las fuerzas antidroga.
La UNODC estimó que la producción potencial de hoja de coca secada al sol alcanzó 72.887 toneladas métricas durante 2024, con un valor económico aproximado de 618 millones de dólares, cifra equivalente al 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y al 10% del PIB del sector agrícola
Asimismo, el volumen de hoja de coca comercializada en los mercados autorizados llegó a 29.636 toneladas métricas, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2023. Los principales destinos de la coca legal fueron los departamentos de Santa Cruz (37%), Tarija (17%), Cochabamba (14%), Potosí (12%) y el resto se distribuyó en otros departamentos del país
En cuanto a las tareas de control, el Estado boliviano reportó la racionalización y erradicación de 10.001 hectáreas de cultivos de coca durante 2024, lo que representa una leve reducción del 3% en comparación con la gestión anterior. De esta superficie, la UNODC validó aproximadamente el 23%, mediante acompañamiento técnico y verificación de campo.
Paralelamente, el informe da cuenta de un aumento significativo en los decomisos de droga. El secuestro de cocaína base se incrementó en 73%, alcanzando 20 toneladas métricas, mientras que el clorhidrato de cocaína registró un aumento del 115%, con 45,9 toneladas métricas incautadas en 2024.
El organismo subrayó que el crecimiento sostenido de los cultivos excedentarios de coca continúa representando un desafío estructural para Bolivia, tanto en términos de control territorial como de lucha contra el narcotráfico. La UNODC remarcó la necesidad de fortalecer las políticas de control, desarrollo integral y monitoreo, para evitar que el excedente de coca siga alimentando las economías ilegales y las redes del crimen organizado.
La Razón
