La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII de la Compañía de Jesús denunció que el rechazo de un grupo de diputados a tratar el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores terminó «politizando los abusos sexuales a niños y adolescentes en entornos eclesiales» y favoreciendo los intereses de los grupos de poder religiosos.
A través de un comunicado cuestionaron la decisión de 54 legisladores del ala «evista» y de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos de no aprobar la madrugada de este viernes el proyecto de ley planteado por el Gobierno, lo que implica aplazar su tratamiento hasta la legislatura 2023-2024.
«Lamentamos profundamente que los actores políticos con representación parlamentaria hayan politizado el tema de los abusos sexuales a niños y adolescentes en entornos eclesiales», se lee en parte del pronunciamiento de los miembros de la asociación comprometidos con el esclarecimiento y sanción de los delitos sexuales cometidos en la Compañía de Jesús.
El proyecto denominado «Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes» establece la imprescriptibilidad de estos delitos, endurece sanciones contra los encubridores y crea una comisión de la verdad para investigar casos de violación dentro de la Iglesia Católica.
Justamente la iniciativa legal fue planteada en mayo, tras revelarse el diario del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, donde revela que violó a 85 menores, la mayoría en el Colegio Juan XXIII. Este hecho hizo que salieran a la luz pública denuncias similares contra jesuitas y religiosos de otras órdenes.
En el pronunciamiento se informa que mientras en Diputados se rechazaba el tratamiento del proyecto de ley, la Conferencia Episcopal de Bolivia realizaba un curso corto para fortalecer los llamados «canales de escucha», instancias creadas con la finalidad de recibir las denuncias de abusos sexuales dentro de la iglesia.
«Con este tipo de cursos cortos de capacitación, el clero genera mayor impunidad y burla al sistema de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia que -al ser laico y soberano- debe evitar que la llamada justicia canónica la sustituya. Quienes participan de la captación de víctimas para los canales de escucha interna e investigación previa canónica, en los hechos contribuyen a la impunidad y al encubrimiento», establece otra parte del pronunciamiento.
Según los exalumnos, la decisión de 54 diputados «favorece abiertamente los intereses de los grupos de poder eclesiales y, particularmente, de la Compañía de Jesús».
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