La defensa de 15 empresas madereras bolivianas solicitó a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota que suspenda la destrucción de los cargamentos retenidos en puertos chilenos por una investigación sobre la presunta presencia de drogas en la madera.
El pedido se produce mientras avanza el proceso de incineración de parte de las cargas. Según una investigación publicada por el medio chileno El Mostrador, seis contenedores ya habrían sido destruidos en septiembre en Arica: uno como prueba el 3 de septiembre y otros cinco el 11 de septiembre.
La defensa sostiene que las mercancías todavía deben ser preservadas porque se encuentran en proceso de inspección y busca determinar si los cargamentos corresponden efectivamente a los despachados desde Bolivia. La destrucción, argumentan los empresarios, podría impedir nuevas verificaciones y generar pérdidas económicas millonarias.
El caso involucra decenas de contenedores con madera boliviana retenidos en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. El Mostrador informó que la Fiscalía Regional mantiene la investigación bajo reserva y que las empresas pretenden recuperar las cargas mediante acciones judiciales.
La controversia se centra también en los resultados de los análisis efectuados por el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile. Los empresarios cuestionan que los hallazgos permitan afirmar que la madera fue utilizada para transportar sustancias ilícitas y sostienen que se detectaron trazas que podrían tener otras explicaciones.
La defensa incorporó a las causas informes de dos exagentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quienes cuestionaron la metodología empleada y la tesis de que las maderas hubieran sido impregnadas deliberadamente con cocaína o ketamina. El Mostrador reportó el 15 de septiembre que estos informes fueron presentados en procesos que involucran a empresas bolivianas.
Uno de los expertos, Scott Richard Oulton, también cuestionó la capacidad de los análisis del ISP para sustentar las conclusiones de la Fiscalía y planteó observaciones sobre la acreditación del laboratorio para análisis forenses de drogas.
La Fiscalía Regional, sin embargo, sostiene que el análisis válido es el realizado por el ISP y que el sistema penal chileno no contempla la realización de un peritaje alternativo en los términos planteados por la defensa.
El fiscal regional Mario Carrera afirmó que la legislación establece plazos para la destrucción de sustancias incautadas. Según explicó, la Fiscalía solicitó una ampliación del plazo original de 30 días, que fue extendido por 120 días.
En paralelo, el caso adquirió una dimensión diplomática. Autoridades bolivianas han gestionado información y cooperación con organismos internacionales, mientras parlamentarios de ambos países han abordado el conflicto.
El Gobierno boliviano sostiene que se debe esclarecer técnicamente si existió tráfico de drogas antes de destruir las cargas. Los empresarios, entretanto, buscan evitar que la incineración haga imposible cualquier nueva pericia y afecte definitivamente sus exportaciones.
El lunes, el expresidente Jorge Quiroga afirmó que un informe elaborado por un perito estadounidense, con más de 30 años de experiencia en la lucha contra el narcotráfico, cuestiona la versión de Chile sobre el hallazgo de droga impregnada en madera boliviana de exportación y advirtió que, si esa información es confirmada, el país vecino deberá asumir responsabilidades por el daño ocasionado.
Según Quiroga, el documento sostiene que no es posible impregnar madera con droga en las condiciones descritas en el caso investigado por autoridades chilenas.
“Tiene muchos datos y detalles sobre las inconsistencias que se habrían mostrado. Yo no soy juez en la materia, pero lo digo así de clarito para que se entienda: si Chile no muestra que aquí hubo realmente las toneladas, Chile tiene un problema muy grave”, afirmó en una entrevista con Radio Fides.
La Razón
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