La justicia en Argentina reabrió este martes, 22 de abril el caso de investigación contra el expresidente Evo Morales por corrupción de menores luego de haber sido archivada la denuncia a finales del 2024.
El abogado de la Fundación Apolo, José Lucas Magioncalda, confirmó a EL DEBER que después de apelarse, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso la continuidad del caso que involucra al exmandatario boliviano.
«Continúa luego que el juez de primera había desestimado. Apelamos y la Cámara ordenó que el archivo era prematuro y que había que avanzar en la investigación. Además nos concedió la posibilidad de ser querellantes, de tal manera que ahora podemos ofrecer pruebas y controlar todo el proceso», declaró Magioncalda desde Buenos Aires.
El jurista indicó que antes solo estaban como denunciantes y el único que podía impulsar el fiscal, por lo que la Fundación Apolo está en una mejor posición, para seguir en este caso de investigación contra Evo Morales.
Al ser preguntado qué tipo de pruebas tienen para presentar a la justicia argentina, Magioncalda mencionó a la declaración de Ángelica Ponce, líder de las mujeres interculturales, que ya se tramita ante la justicia de Bolivia y la solicitud como testigos a funcionarios que visitaron durante su asilo.
También se busca incluir al expresidente Alberto Fernández y policías que estaban a cargo de la custodia de Morales. «Apuntamos a que declaren el propio Fernández y funcionarios de su gobierno como testigos. Hay un tema que en ese gobierno no quiso comunicar cuando tuvimos noticias de esta situación mientras Evo Morales estaba asilado», afirmó.
Según el jurista, la Fundación Apolo tenía un dato sobre lo que estaba pasando y el gobierno de Fernández no proporcionó la información al respecto ni quién pagaba la lujosa casa en la que vivía el exmandatario boliviano en un barrio residencial de la capital federal de Argentina.
Dijo que hay una persona que evidentemente sabía quienes ocupaban el inmueble.
En Argentina habían dos denuncias en contra de Evo Morales, una era del Ministerio de Seguridad que fue archivada en definitiva y la otra es de la Fundación Apolo que también se lo había guardado, pero por la apelación que hizo su equipo jurídico se volvió a reabrir.
Morales tiene imputación por trata de personas de la Fiscalía de Tarija derivada a un juzgado del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) que ordenó su aprehensión y la Policía Nacional hasta ahora no dio cumplimiento por temor a enfrentamientos con seguidores del exmandatario que lo custodian en Lauca Ñ, del chapare de Cochabamba.
EL DEBER
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