Cada día surgen más denuncias de asentamientos ilegales en Santa Cruz y los propios campesino justifican su arribo a la Chiquitania exponiendo que tienen permiso.Sin embargo, El director interino del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, César Córdova, manifestó de manera rotunda que la institución «no está aceptando ningún asentamiento a nadie» desde que se decretó la pausa en 2019. Anteriormente, desde el 2008, se otorgaron 1.7 millones de hectáreas.
El tema de las denuncias de avasallamientos en la región Chiquitana parecen no preocupar a la autoridad, puesto que, según argumenta, «no cuentan con reportes oficiales» por la toma ilegal de tierras y solo tiene información a través de los medios de prensa, como reconoció en el programa A Primera Hora, de EL DEBER Radio.
Córdova evita pronunciarse sobre los asentamientos registrados en Roboré, San Rafael de Velasco o San José de Chiquitos. Sin embargo, atribuye al INRA «la facultad para inspeccionar y desalojar las tomas ilegales y avasallamientos» además de «garantizar el derecho propietario de las propiedades cuando cumplen la función económicas y social (FES)».
Asimismo, justifica la falta de acción porque «no cuenta con toda la capacidad potencial en cuanto a recursos humanos para encarar los compromisos que se habían asumido», según expuso en los micrófonos de EL DEBER Radio.
Cuentan con permiso
Trata de explicar el actuar de su oficina apelando a un caso puntual. «La comunidad campesina 19 de Noviembre cuenta con «el permiso de uso y goce del áreas cumpliendo los requisitos del INRA», afirma la autoridad del INRA en Santa Cruz.
Esas tierras, insiste, son propiedad de la institución porque hasta ahora no han emitido «la orden de dotación y titulación» a pesar que cuentan con autorización para usar la tierra desde 2010.
De acuerdo a la explicación ofrecida por Córdova, esta situación no se enmarca en una dotación ni, menos, en un avasallamiento. «Más bien, la colonia menonita de Valle Verde avasallo dichas tierras cuando los comunarios abandonaron la zona en tiempo de pandemia», afirma.
En todo caso, el operar del INRA se enmarca en la conversación y la «flexibilización» para «que no vaya a quitar la tierra». Reconoce que los avasallamientos pueden alterar el Plan de Uso de Suelo (PLUS), pero que «no pueden ser drásticos para revertir las tierras que incumplen el PLUS».
Comisión Agraria, pero nacional
La Gobernación cruceña anticipó su intención de convocar la Comisión Agraria Departamental para frenar la toma de tierras y aunar a las instituciones en la defensa del territorio. Para mañana se espera la reunión del Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Menacho, con instituciones y representantes del sector productivo.
Menacho se resguarda en “las normas vigentes en materia de distribución de tierras (que) establecen que primero se debe dotar a los pobladores del lugar, garantizando servicios básicos».
La percepción de la problemática por parte del INRA, según resalta Córdova, se enfoca en el diálogo como forma de resolución y no en «la confrontación» que, desliza, sería la propuesta desde la gobernación.
Además, desmerece el interés de «activar de la noche a la mañana la Comisión Agraria Departamental» y expone que esta desconoce la labor que realiza el INRA. «Siempre hemos mandado notas para que la Comisión Agraria pueda objetar o aprobar los proyectos de resolución para dotar tierras» pero nunca nos han respondido. Eso sí, aclara que dichas cartas se enviaron en el 2015.
Ante una convocatoria de la Comisión, Córdova apela que primero debería reunirse la Comisión Agraria Nacional para disponer las líneas de trabajo junto a los campesinos, los indígenas y los productores.
El Deber
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