La red de corrupción que fue instalada en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua entre 2021 y 2023 involucra a unos ocho exfuncionarios, a los familiares de los principales implicados, personas particulares que conocían de los hechos ilícitos y otras que habrían sido utilizadas para “lavar” el dinero proveniente de las coimas millonarias para adjudicar obras públicas. A esta lista de implicados se suman dos empresas por las que se habrían desviado recursos.
“Está el exministro, el exviceministro, dos exdirectores generales, una exjefa de unidad, un exfuncionario técnico de elaboración de proyectos, personas particulares que han usado sus cuentas y en algunos casos las han utilizado para enviar (montos a) sus cuentas y tratar de lavar el dinero de las coimas. Tenemos aún mucho trabajo por hacer”, detalló el abogado Abel Loma, defensor de la recaudadora de las coimas Claudia Cortez en contacto telefónico con EL DEBER.
Los exservidores públicos involucrados y detenidos son: Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente; Carmelo Valda, exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico; Jhonny Alexander Santos Sánchez, funcionario de Senasag y sobrino de Santos, y Rosa Viviana Bautista, quien fue Técnico de Planillas en la cartera de Medio Ambiente.
De acuerdo a la denuncia de Cortez, hay dos exdirectores generales implicados, uno de ellos identificado como Ricardo Alejandro B. del C. y otro del que aún no fue revelado su nombre. Además, están en la mira una exjefa de unidad y un exfuncionario técnico de elaboración de proyectos.
A esta lista se suma Eber Rojas, dirigente de la de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), quien fue apuntado por Cortez de haber recibido en su oficina $us 10.000 y Bs 30.000. El dirigente negó esta acusación y anunció una demanda penal contra la principal denunciante e imputada que se defiende en libertad.
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Respecto a allegados de los implicados, figuran el cuñado y dos sobrinas de Santos Cruz; así como funcionarios, policías y personas particulares. Suman 60 cuentas desde las cuales se intentó “blanquear” el dinero. Se conoce que algunas de las personas que están involucradas no conocían los fines de los depósitos.
“Por ejemplo, Juan Santos usó la cuenta bancaria de su cuñado, pero al parecer el señor habría prestado su cuenta de buena fe porque le indicaron que estaban transfiriendo un dinero para que sea entregado a la señora Viviana Bautista, en Pando, supuestamente para las organizaciones sociales. Hay gente que ha sido utilizada y sus cuentas bancarias para blanquear ese dinero y comprar inmuebles; lo mismo ocurre con el señor Jhonny Alexander, en Tarija”, aclaró el jurista Abel Loma.
El caso de coimas millonarias en el Ministerio de Medio Ambiente se conoció en marzo de este año cuando el diputado Gualberto Arispe (MAS) presentó detalles de una denuncia anónima que apuntaba al exministro Juan Santos Cruz de cobros irregulares a empresas adjudicatarias de obras. En mayo, el viceministerio de Transparencia interpuso la demanda penal contra Jhonny Santos y Viviana Bautista, luego de un análisis de sus movimientos bancarios desde enero.
De acuerdo a la denuncia de la recaudadora de las coimas Claudia Cortez, Santos exigía el 3% de “comisión” a las empresas interesadas para que ganen las licitaciones. Los cobros se hacían en efectivo y se entregaban del mismo modo en el despacho del exministro, ubicado en el piso 18 de la Casa Grande del Pueblo.
La situación se complica, ya que el dinero con el que se ejecutaron las obras proviene de financiamiento internacional que se transforma en deuda externa para el Estado. A la fecha no se conoce qué constructoras ni dueños están implicados.
Hace más de un mes la Fiscalía no brinda un informe de los avances del caso y los datos se conocen de forma extraoficial. El fiscal Freddy Alborta, miembro de la comisión de investigación, tenía programada una conferencia de prensa para el lunes, pero se suspendió debido a “una audiencia de juicio”. Las partes del caso, como Santos y Bautista, observaron que en el sistema digital del Ministerio Público no está disponible el total del cuaderno de investigaciones.
Debido a este y otros hechos, el presidente Luis Arce presentó un proyecto de ley de creación del sistema de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción. Sin embargo, los exministros Carlos Romero y Teresa Morales calificaron esta medida de innecesaria. Romero considera que el actual Gobierno es el “más corrupto de la historia de Bolivia”.
Dos empresas cuestionadas
El Ministerio de Justicia identificó al exdirector de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ricardo A. B. del C., como implicado del caso coimas, quien amasó una fortuna de Bs 1.236.941 entre 2021 y 2022, precisamente cuando ingresó a trabajar a la cartera de Estado ahora cuestionada.
Las autoridades investigaron los bienes de Ricardo A.B. del C., los cotejaron con la declaración jurada de bienes que presentó ante la contraloría y descubrieron que, al margen de ser funcionario público, también era un empresario privado que tenía dos emprendimientos de los que no informó.
La declaración jurada del exfuncionario señala que tiene un bien y activos por valor de Bs 1.066.200. Sin embargo, la investigación revela que tiene dos vehículos y una motocicleta a su nombre y las empresas Zisary Producciones y la empresa de seguridad, Seven Staff- Scorpio.
Un informe del Viceministerio de Transparencia señala que los ingresos económicos que obtuvo la empresa Seven Staff-Scorpio durante cuatro gestiones fue de Bs 214.723. “Ello es inconsistente con lo que detallan las declaraciones juradas de bienes y rentas”, refiere el documento.
Estas dos empresas están siendo cuestionadas y la parte denunciante sospecha que fueron usadas por el exfuncionario para “justificar el dinero de las coimas”.
Cortez apuntó al ahora investigado de haberle suministrado los números de las empresas constructoras, aquellas que se adjudicaban alguna obra, para que se inicien las “negociaciones”.
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Se conoce que el viceministerio pidió en dos ocasiones ampliar las denuncias contra el exdirector y también su aprehensión; sin embargo, el implicado ya declaró y se defiende en libertad. De acuerdo a la imputación formal de Juan Santos en mayo, declararon 15 personas, entre ellas figura la declaración de Ricardo B.
El Deber
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