Un manto de incertidumbre envuelve la muerte de Felipe Sandy Rivero, testigo protegido del caso ‘coimas’ de la ABC para la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez, que falleció en enero en Miami, Estados Unidos, y cuya causa aún se desconoce. Esto ha despertado las dudas de diferentes legisladores que creen que se quitó la vida o fue asesinado ante la falta de protección de las autoridades judiciales bolivianas. Hay quienes acusan al ministro de Justicia, Iván Lima, de supuestamente estar tras el hecho.
La base de datos pública de servicios médicos de las autoridades del Condado de Miami-Dade, en Florida, muestra el nombre de Sandy Rivero y registra el 20 de enero de 2023 a las 16:55, como día y hora de su fallecimiento. Incluso, se puede corroborar el número de caso 2022-00254 y el nombre del investigador asignado. Pero en ninguna parte se especifica la causa.
Otra información, difundida en el programa Que no me pierda, da cuenta que de los accidentes vehiculares con fallecidos que ocurrieron en Miami, entre el 17 y 23 de enero de 2023, no se registra a Sandy Rivero.
La difusión de esta documentación generó mayor especulación y cuestionamientos a las declaraciones del ministro Lima quien aseguró, el 17 de marzo, que la muerte del testigo ocurrió en un accidente de tránsito en Miami.
La fecha de defunción es otro dato nebuloso, ya que en redes sociales de dos instituciones paceñas se difundieron, el 23 de enero, avisos necrológicos y condolencias a los familiares donde no se especifica la fecha de la muerte. Mientras en una conferencia de prensa en instalaciones de Radio Patria Nueva, el ministro manifestó que el hecho había ocurrido el 22 de enero de este año.
“Nuestra posición como Ministerio de Justicia es que la opinión pública conozca la información y nos parecía irresponsable que de parte del diputado (Héctor) Arce algo tan importante no sea de conocimiento del país cuando ese hecho ha ocurrido el 22 de enero”, sostuvo Lima frente a los periodistas, el domingo 19 de marzo.
Ese mismo día, adelantó que la cartera a su cargo pidió al Ministerio Público que se levante el estatus de persona protegida, ya que según la normativa solo aplicaría a personas con vida y, además, consideró que Sandy debía ser investigado. Es así que, el lunes 20 de marzo, reveló su nombre.
La polémica inició tras conocerse el video que grabó el testigo protegido antes de morir y por las respuestas de Lima, quien dijo que basó sus datos en información extra oficial y que obtuvo en redes sociales. Aunque luego aclaró que esperan una acreditación documental, tramitada entre estados, para el juicio.
“La extinción procesal por muerte, la afirmación absoluta de fallecimiento sólo puede ser resultado de un certificado apostillado, remitido por autoridad competente y tramitado en ese sentido entre estados. Eso no significa que (el testigo) esté vivo, como sugieren algunas interpretaciones de mis declaraciones, él ha fallecido, pero su acreditación en juicio debe ser documental”, aclaró el ministro ante las críticas.
Observaciones
Los parlamentarios del oficialismo y de oposición observaron a la autoridad de Estado por haber divulgado información no oficial y que, incluso, haya puesto en peligro a la familia de Felipe Sandy Rivero al revelar el nombre.
“Es lamentable la posición que toma el ministro de Justicia en esta injusticia boliviana. En primer lugar, encaró al diputado Arce a que pueda manifestar en relación al ‘fallecimiento’ del testigo protegido que se encontraría fuera del país y hoy sale en contradicción que no puede emitir ningún criterio si está vivo o muerto, mientras el Gobierno de EEUU no emita un informe. Pero sí sale a decir que el señor Henry Nina no tiene responsabilidad en el caso”, enfatizó el senador Henry Montero, de la alianza opositora Creemos.
Montero agregó que el ministro de Justicia perdió credibilidad desde que incumplió con su promesa de reforma del sistema de justicia. Lamentó que esté “asfaltando” el camino de la injusticia y considera que no hubo cambios porque esta situación “es cómoda” para el Gobierno.
Héctor Arce, diputado del MAS y denunciante del caso ‘coimas’, reconoció que las declaraciones de Lima en las que descarta responsabilidad en el proceso de parte Henry Nina, director de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), son anticipadas y no corresponden.
“Es intromisión, injerencia en el proceso de investigación del Ministerio Público. Él libra de toda responsabilidad a Nina, pero en todo caso, el juez y el Ministerio Público son los que deciden si lo incorporan o no en el proceso”, arremetió.
Sobre el testigo protegido, aseguró que no lo conocía, sino hasta julio del año pasado cuando entró en contacto con él para evaluar la denuncia, pero que no supo más a fines de noviembre, cuando se saludaron.
Consideró que Lima cometió un “exceso” al revelar la identidad del testigo protegido, ya que legalmente aún goza de ese estatus y ahora puso en riesgo la vida de su familia. “El ministro (Iván) Lima es el que hace de juez, investigador, fiscal, abogado de oficio de la empresa china, etc., y eso no está bien, hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. Parece que Lima se informa antes de todo y da a conocer de manera irresponsable lo que está pasando en el proceso”, aludió el diputado en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.
Sus colegas del ala evista salieron en defensa de Héctor Arce con acusaciones subidas de tono y apuntaron a Lima como responsable de la muerte del testigo protegido. No solo eso, pidieron al jefe de Estado, Luis Arce, destituir a Lima y a Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas.
“Queremos pedirle al presidente Lucho que actúe y haga caso a la población. No podemos seguir con estos ministros delincuentes que están encubriendo la corrupción, ministro de Obras Públicas y ministro Lima. Resulta que el testigo protegido no es como Iván Lima dice, que murió en un accidente de tránsito. Hay sospechas de que fue asesinado. ¿Y de quién sospechamos? Iván Lima”, sostuvo el diputado Patricio Mendoza.
Renán Cabezas, también evista, se sumó al pedido de dimisión de Lima porque ve que no hay avances en las investigaciones sobre la corrupción en la ABC ni se considerarían las denuncias que hay contra algunos viceministerios.
El parlamentario Daniel Rojas informó que desde la Asamblea Legislativa impulsa una interpelación al fiscal general, Juan Lanchipa, para que responda por qué se reveló la identidad de la persona clave del caso ABC.
El ala arcista tampoco mantuvo silencio. Es así que el diputado Rolando Cuéllar aseguró que Sandy Rivero era un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y pidió que el caso ‘coimas’ sea cerrado.
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“¿Qué hace la mano derecha de Héctor Arce? Escaparse a EEUU. ¿Por qué? Es un agente del FBI. El mismo testigo lo dice, que entregó las pruebas al FBI, esta instancia no recibe a cualquiera si no es uno de ellos”, sostuvo Cuéllar.
Fiscalía rechaza denuncia
Tras la polémica, el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, informó que la denuncia que presentó la empresa China Harbour Engineering (CHEC) en contra del testigo protegido Felipe Sandy fue rechazada; sin embargo, la firma presentó una objeción.
El martes, Lima explicó que la empresa CHEC presentó una denuncia por el delito de extorsión contra el testigo protegido que denunció el caso de presuntas coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
“Ha habido una denuncia la cual ha sido rechazada en su momento. Actualmente se está notificando para que las partes puedan impugnar. Tenemos ya una impugnación la cual va ser remitida en las próximas horas a la Fiscalía Departamental para que se tome una decisión sobre la razonabilidad que ha existido en ese rechazo”, aclaró Alave.
La resolución de rechazo se emitió el 1 de febrero, pero la parte denunciante presentó la objeción alegando que no se habría realizado ningún acto investigativo ni se agotaron las diligencias para determinar la insuficiencia de elementos de convicción.
Mientras, el fiscal que investiga el presunto hecho de corrupción, Javier Gorena, descartó convocar a declarar al ministro Lima, a pesar de que el mismo difundió varios datos referidos al caso.
“En ningún momento se ha visto esa situación (de convocar a Lima), ni se ha visto necesario dentro de esta investigación, porque lo que nosotros estamos investigando es un hecho concreto”, dijo Gorena en Sucre.
Finalmente, ayer se conoció que el escándalo logró paralizar la obra que solo tenía el 20% de avance y cuyo daño económico al Estado puede superar los Bs 40 millones.
“En el minuto 17:48 (del video del testigo) indica claramente que habría enviado ante el Comité de Prácticas Prohibidas de la CAF las supuestas irregularidades de la carretera Sucre-Yamparáez, entonces, ellos sabían qué es lo que estaban buscando: parar la obra y lo han hecho. En total son Bs 42 millones, ese es el perjuicio”, dijo el ministro en conferencia de prensa.
El Deber
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