El caso de Hernán Siancas, el hombre de 43 años, que estuvo secuestrado por 13 días y cuya liberación tuvo impacto nacional, dio un giro inesperado al conocerse que tenía una orden de aprehensión por violación de una menor de edad y que es sospechoso de tener nexos con el narcotráfico.
La Policía Boliviana desplegó varios operativos para dar con los secuestradores y la víctima tras difundirse un video donde le apuntan con un arma a Siancas y amenazan con matarlo si no se pagaba un millón de dólares por su rescate.
Siancas fue secuestrado el 8 de mayo en Yapacaní y fue encontrado el domingo en la noche a 50 kilómetros de San Ignacio de Moxos, en Beni, por trabajadores de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Arribó al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, bajo fuerte resguardo policial, cerca a las 17:00 y luego fue presentado en el Comando Departamental de la Policía. No obstante, quedó aprehendido por un caso de violación a una menor de edad que data del 2018.
“Está acusado por delitos de orden público contra la libertad sexual contra niño, niña y adolescente. En este momento está aprehendido en celdas del comando departamental y será presentado ante el juez porque fue declarado rebelde”, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
La autoridad explicó que se solicitó al juzgado de Buena Vista la fotocopia legalizada del proceso contra Siancas. Él fue denunciado por abuso sexual contra su hijastra de 14 años en el municipio de Yapacaní.
Siancas fue declarado rebelde por no presentarse a su audiencia de juicio oral. Su abogado señala que según su defendido no se presentó por el tema de la pandemia.
“Estaba en su curso, pero por el tema de la pandemia lo que él manifiesta, no se volvió a presentar y un poco se descuidaron seguramente sus defensores (…). En ese otro proceso, él tiene que someterse al juicio, porque está pendiente ese proceso”, afirmó Walter Barrios, abogado de Siancas.
Posteriormente se reveló también que el secuestro de Siancas fue motivado por una deuda de 1,1 millones de dólares, que supuestamente debe a un narco peruano apodado el “Toro”, por la venta de un cargamento de cocaína peruana en Paraguay.
Sobre este aspecto el diputado de Creemos Walty Eguez pidió que el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo brinde un informe sobre el caso, que en su opinión es un “ajuste de cuentas” del narcotráfico, y que no se quede en el olvido como el caso Nallar.
“Pareciera que por lo que vemos hasta el momento no habrá un informe y más bien van a tratar de que duerma, se silencie como lo hicieron con el caso Nallar ¿Desde dónde? Impulsado desde las máximas esferas de Gobierno”, aseguró el legislador.
El viceministro Aguilera corroboró en días pasados la sospecha sobre los nexos de Siancas con el narcotráfico, pero señaló que será la Fiscalía la que determine si esto es evidente.
El diputado Eguez considera que las autoridades deben dar explicaciones del caso, dado que por Siancas se pedía un millón de dólares de rescate.
“Tiene que dar una explicación el ministerio de Gobierno a la población ¿Cómo apareció? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que apareció? ¿Si hubo una transacción? Algún tipo de informe tiene que hacer, además de investigarlo al ciudadano, porque esto ha sido producto de un ajuste de cuentas”, expresó.
Página Siete
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