La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió un nuevo caso en contra del Estado boliviano. Se trata del caso de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes sufridos por Ascencio Cruz Nina, a manos de la Policía. Cruz era Mallku de la región de Sorata, cuando fue arbitrariamente privado de libertad y sujeto a un proceso penal donde no se respetaron sus garantías procesales. La admisión del caso por la CIDH se dio el 3 de junio.
La información fue confirmada por Guido Ibargüen, director ejecutivo de Derechos en Acción, colectivo de abogados comprometidos con el ejercicio, respeto y protección de los derechos humanos.
«El caso está ahora en la Comisión, ya está con un informe de admisibilidad y Ascencio está persiguiendo una indemnización del Estado como responsable objetivo de la violación, es decir como Estado boliviano que ha violado los derechos de Ascencio Cruz», dijo a la agencia ANF.
El juez que lo procesó lo hizo sin ningún fundamento jurídico y le aplicó una norma que ya no se encontraba vigente. Durante su detención de medio año fue golpeado, expuesto al frío, privado del sueño, de agua y de alimentos. «El trato degradante que recibió de parte de la Policía llegó al punto de que, ante el no suministro de agua, tenga que lavarse con su orín las heridas causadas por sus agresores», se lee en la página de Derechos en Acción.
El Mallku denunció las vulneraciones al debido proceso hasta lograr la condena y el encarcelamiento del juez que abusó de él. Subsiguientemente, Cruz inició un proceso civil de reparaciones y obtuvo una decisión judicial favorable por los perjuicios ocasionados a su actividad económica mientras estuvo arbitrariamente procesado y privado de libertad.
Sin embargo, «nunca logró la reparación económica, pues ni la jueza que la determinó ni el Ministerio Público ni el Consejo de la Judicatura lograron que se hiciera efectiva».
En cuanto a los hechos de tortura, señala Derechos en Acción, el Ministerio Público no los investigó de inmediato, «cuando su deber era iniciar las investigaciones apenas tuvo conocimiento de esos hechos».
Recién en 2017, cuando la petición del Mallku Cruz se tramitaba en la CIDH, la Procuraduría General del Estado denunció la tortura al Ministerio Público, «con la sola intención, claro está, de que la Comisión Interamericana no cuestionara más tarde la obligación estatal incumplida de investigar hechos de esta relevancia».
Sin embargo, «el Ministerio Público no convocó al Mallku para la investigación y cuando sus abogados (ante la CIDH) se presentaron en la fiscalía para conocer el curso del trámite, no se les permitió revisar el cuaderno de investigaciones».
Ante el incumplimiento de la indemnización por parte del juez que lo encarceló y del Estado boliviano que fue incapaz de hacerse responsable, Cruz espera que se le haga justicia en instancias internacionales.
De 2001 a 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió 27 casos, de los cuales algunos ya pasaron a la Corte IDH y otros se encuentran en la etapa de Fondo.
La etapa de Fondo es donde la CIDH decide si hubo o no hubo violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. La etapa de Fondo culmina con la aprobación de un «informe de fondo». Si el informe de fondo concluye que los hechos del caso configuran violaciones a los derechos humanos, el mismo incluye también recomendaciones al Estado.
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