Andrés Ritter, abogado de la familia de la joven de 18 años que fue violada por un grupo de jóvenes (el pasado viernes 15 de diciembre), informó este lunes en EL DEBER Radio 103.3 que su defendida fue dada de alta el domingo y ya se encuentra en su hogar al lado de sus familiares.
El abogado señaló que durante la semana pasada se recolectó la información psicológica de la víctima y, sin duda, estas continuarán en las próximas horas. Explicó que esta valoración podría empeorar la situación jurídica de sus agresores que guardan detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
«Gracias a la intervención de los médicos, su vida (de la víctima) no corre peligro, ella ya fue dada de alta este domingo, ¿por qué ayer?, esto se manejó de manera discreta para no re-victimizar a la víctima, los protocolos internacionales establecen de que en estos momentos ella no puede ser expuesta. Ella se encuentra en su domicilio a la espera de que esta noche pueda pasar con su familia y pueda despejar el mal momento que está viviendo», indicó Ritter.
Agregó que tres de los cuatro jóvenes que guardan detención preventiva en la cárcel de Palmasola han presentado su apelación; sin embargo, la Sala Penal Tercera todavía no señalado la fecha y hora de la apelación. «Esperamos que esta semana se fije y se pueda resolver la situación jurídica. Vamos a pedir que se confirme su detención preventiva para que se realice el normal desarrollo del proceso», afirmó.
El caso, que causó un repudio generalizado en la población, incluso la Iglesia Católica se manifestó el domingo en la homilía, donde el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti expresó que esta agresión de los jóvenes representa «la punta del iceberg del descalabro de los valores».
Esperan la orden para acceder a las charlas telefónicas
La detención preventiva de los cinco jóvenes sindicados de haber ultrajado sexualmente en estado de inconsciencia a una muchacha de 18 años el viernes pasado en un motel, dio paso al inicio de la etapa preparatoria del juicio oral, en la que los investigadores tienen un plazo máximo de seis meses para acumular las pruebas del delito.
Hay expectativa, por ejemplo en las charlas, imágenes y videos que puedan contener los teléfonos celulares de los cinco sospechosos, aparatos que deben ser desprecintados con una orden judicial para el desdoblamiento correspondiente.
La Fiscalía ha solicitado al juez Noveno de Instrucción Penal y al Segundo de la Niñez y Adolescencia (ambos con el control jurisdiccional del caso) que emitan la orden judicial para que peritos autorizados verifiquen el contenido de los celulares.
El Deber
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