El asesor jurídico de la Academia Nacional de Policías (Anapol), teniente coronel Héctor Illanes, reveló al menos cinco irregularidades que se dieron durante el proceso de contratación de una empresa y la toma de exámenes de conocimientos a los postulantes a esa institución.
Illanes es una de las 11 personas que están detenidas por el caso de alteración de notas de aspirantes a la Anapol y a las facultades técnicas policiales. La Fiscalía lo imputó por incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y uso indebido de influencias.
Según la declaración que Illanes dio ante los fiscales, él formaba parte de la comisión de evaluación de las pruebas de conocimiento junto a un delegado del Ministerio de Educación y del Ministerio de Gobierno.
Fue designado para esa tarea por el director nacional de Enseñanza y rector de la Universidad Policial (Unipol), general Iván Quiroz, también detenido.
La primera irregularidad denunciada por Illanes tiene que ver con las modificaciones que se realizaron, por parte de miembros de la Unipol, al formulario de licitación que él elaboró junto al coronel Augusto Rosso, cambios que permitieron que se elimine a una de las dos empresas que se presentaron para adjudicarse la elaboración de 5.000 exámenes de conocimiento.
Illanes desconoce quién realizó los cambios al proyecto de licitación y el contrato fue adjudicado a la firma Anstergung, cuyo dueño también está detenido.
La segunda irregularidad es que los exámenes de los aspirantes sólo fueron firmados por la representante del Ministerio de Gobierno, de apellido Pérez, quien les dijo que esto se haría así por orden de su superior Enrique Nogales, presidente de la Comisión de Máxima Instancia (CMI), quien ahora figura como denunciado.
La tercera observación fue durante la tabulación de los resultados de las pruebas en las oficinas de la Empresa Anstergung, donde Illanes verificó que estos habían impreso más exámenes de los que eran necesarios. La Fiscalía sospecha que esas copias eran para beneficiar a determinados postulantes.
El comité de Illanes eligió, de un banco de datos, las 100 preguntas que se imprimieron en los exámenes realizados el 11 de diciembre en la Anapol.
La cuarta anomalía se dio después de la prueba, debido a que los otros dos miembros del comité de evaluación ya no se presentaron para recoger los exámenes de las oficinas de la empresa y todo quedó a cargo de Illanes, que recogió y entregó los documentos a la CMI solo por orden del vicerrector de la Unipol, también detenido, coronel Vicente Quinteros.
Finalmente, Illanes mencionó que los tres delegados del comité de evaluación entregaron sus informes recién en enero de este año, días después de que se conocieron las irregularidades.
Psicóloga informó de irregularidades en la prueba psicotécnica
Una psicóloga de la Academia Nacional de Policías (Anapol) presentó un informe sobre varias irregularidades que se cometieron durante la prueba psicotécnica a los jóvenes aspirantes a esa institución.
El hecho fue revelado en la última parte de la declaración informativa que prestó el asesor jurídico de la Anapol, teniente coronel Héctor Illanes, ante la comisión de fiscales el pasado viernes 18 de enero.
“En el examen habían varias irregularidades como por ejemplo que el tiempo (de la prueba) no era el mismo en las aulas. Que había algunas personas que les explicaban (psicólogos) y en otras no”, relató Illanes en su declaración.
Contó que la psicóloga, R.L. era integrante del comité de evaluación de esa prueba y que junto a sus colegas “había hecho una serie de observaciones en el desarrollo de la evaluación”.
Las observaciones fueron graves y la psicóloga “estaba muy preocupada” por lo que junto a los otros miembros de ese comité se presentaron a las oficinas de la empresa encargada de esos exámenes, Psicoes SRL para hacer los reclamos, según Illanes.
“Pese a que golpeaban y había bulla dentro (de las oficinas) nadie les abrió la puerta. Esos informes fueron presentados a la Comisión de Máxima Instancia (CMI)”, aseguró el oficial.
El asesor de la Anapol reveló que en el caso de la prueba de conocimientos, los miembros del CMI publicaron las calificaciones en la página web de la Unipol, sin haber verificado las pruebas en físico.
Esos datos fueron enviados vía correo electrónico por la empresa Anstergung y la Fiscalía sospecha que pasó lo mismo con los resultados de las pruebas psicotécnicas que estaban a cargo de la firma Psicoes.
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