Entre el 20 y el 22 de junio pasado, seis funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Potosí depositaron 1.435.000 bolivianos en la cuenta bancaria única de esa institución pública.
El fin era cubrir el monto que se debía ejecutar por la boleta de garantía del contrato de compra de las 41 ambulancias adquiridas de forma irregular, y que así se deje de lado la causa por daño económico al Estado en la compra de los motorizados.
El memorial que fue presentado por el exsecretario jurídico de la Gobernación, Rubén Miranda, precisa que al depositar ese millonario monto se buscaba evitar una causa por daño económico al Estado, un hecho de corrupción que también involucra al gobernador Jhonny Mamani, reportó El Potosí.
Hasta la fecha, la acusación de daño económico fue justificada con el argumento de que no se le pagó a Stefals Logistics por las 41 ambulancias, aunque los cheques para ese fin fueron emitidos el 31 de diciembre de 2021.
Luego del escándalo por ese contrato y las observaciones de la Procuraduría, los cheques fueron anulados. Sin embargo, en la revisión de documentos se encontró que pese a la alta suma del contrato por 20,5 millones de bolivianos, no se le pidió boleta de garantía a la empresa y sólo se le admitió una póliza de seguro.
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La imposibilidad de ejecutar una boleta de garantía inexistente hizo surgir la evidencia de un daño económico al Estado: el dinero que no se iba a cobrar.
“En un acuerdo conjunto de los procesados, se ha tomado la decisión de efectuar el depósito a la Cuenta Única de la Gobernación (CUG) el monto de dinero equivalente a la no ejecución de la boleta de garantía por incumplimiento del contrato”, dice el memorial al que accedió el medio potosino.
El 20 de junio, los funcionarios y exfuncionarios que hicieron el depósito son Luis René Loayza Gallardo, Ricardo Rodríguez Serrudo, Rubén Moisés Miranda Castro y Leonardo Condori Margo. Este último es uno de los asesores estratégicos del gobernador Mamani, según se constata en el informe TES. 471/2022 del Área de Tesorería y Crédito Público de la Gobernación.
Mientras que, el 22 de junio los que hicieron el pago son Eulogio Peñaranda Cárdenas y Carla Lorena Villa Limachi. Esta última es la que depositó la menor suma, 77.800 bolivianos, como detalla en uno de los cuadros.
En la lista de depositantes también aparecen funcionarios que no forman parte del proceso, como Ricardo Rodríguez Serrudo, Leonardo Condori Mayoría y Carla Lorena Villca Limachi, quienes hicieron transferencias entre 139.000 y 278.000 bolivianos.
Uno de los denunciantes, el asambleísta Jaime Flores, se preguntó de dónde salió esa gran cantidad dinero.
“El Ministerio Público deberá averiguar el origen de estos dineros. Estos funcionarios deben explicar de dónde sacaron semejantes montos, deberá intervenirse sus cuentas y, finalmente, establecer el origen de esos dineros”, observó.
Página Siete
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