El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reveló que varios integrantes del gabinete del presidente Rodrigo Paz recibieron amenazas de distinta índole, que atribuyó a los intereses afectados por las acciones gubernamentales contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
“Es evidente que sí. Se han recibido este tipo de amenazas de diferente índole, la hemos recibido diferentes actores del gabinete, porque estamos trastocando intereses”, afirmó Aramayo en una entrevista con radio Panamericana, difundida el domingo.
La autoridad aseguró que las intimidaciones no cambiarán la política del Ejecutivo y sostuvo que el Gobierno continuará con las acciones destinadas a combatir las organizaciones criminales y las redes que, según su evaluación, se han instalado en estructuras estatales, privadas y sociales.
“Queda claro también que ninguna amenaza puede estar por encima de la Constitución, de la ley, ni de la voluntad democrática del pueblo boliviano”, enfatizó.
Paz también denunció amenazas contra su familia
Las declaraciones de Aramayo se producen después de que el presidente Rodrigo Paz denunciara amenazas contra su integridad y la de sus familiares durante octubre.
El 12 de octubre, el mandatario afirmó que recibió una amenaza de muerte antes de viajar a Cobija, en el departamento de Pando. Relacionó la advertencia con operativos contra organizaciones criminales brasileñas, después de la captura de un presunto integrante importante del Primer Comando de la Capital (PCC).
Una semana después, el 19 de octubre, Paz advirtió que su familia también enfrentaba riesgos por las decisiones adoptadas contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y otros grupos criminales.
El mandatario también alertó sobre la vulnerabilidad de jueces que trabajan en zonas fronterizas y que, según señaló, pueden ser intimidados para condicionar sus decisiones judiciales.
El Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía
El 20 de octubre, el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que el Gobierno presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por las amenazas contra el presidente, su familia y otras autoridades.
García señaló que las intimidaciones también se produjeron mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. El objetivo de la denuncia es que la Fiscalía investigue los mensajes, identifique a los responsables y determine si existen riesgos para la seguridad de las autoridades.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables de las amenazas denunciadas contra los integrantes del gabinete.
Aramayo reiteró que el Ejecutivo mantendrá su política contra el crimen organizado, pese a las intimidaciones. El caso abre interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad de las autoridades y avanzar en las investigaciones sin presiones externas.
Ahoradigital
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