El marca mallku de la comunidad Hampaturi Cumbre, Ramiro Choque, reveló que el interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, pretendió sobornarlo con el pago de 20.000 bolivianos a cambio de frenar las protestas de los comunarios de ese sector que exigen su renuncia. Pero, además, el hecho le fue informado al ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, que aún no asumió acciones legales.
“Un abogado me llamó varias veces, asistí a su encuentro ( el 20 de abril, en la zona Villa Fátima) y me dio plata, 20.000 bolivianos, (con la condición de) que yo calme a la gente y me calle, que ya no hagamos protestas (con el pedido de renuncia del interventor Iraizos). Incluso (el abogado) me pidió que suspenda la reunión que teníamos programada para el domingo (23 de abril) con el ministro (Juan Santos en Hampaturi). Yo recibí esa plata, pero el domingo la presenté como prueba contundente, ante todo el pueblo y el ministro, y les dije: ‘así me querían sobornar los de Epsas’ y entregué el dinero a los mallkus”, relató Choque a Página Siete.
Este medio tomó contacto con el interventor, pero luego de escuchar la consulta y ver los documentos sobre la denuncia que él presentó contra Choque, no volvió a atender los mensajes ni las llamadas.
Pese a la grave denuncia, relató Choque, y ante su sorpresa, ninguna autoridad del Gobierno tomó medidas contra el hecho de corrupción y, al contrario, el asesor del ministro le advirtió al mallku que podría salir perjudicado porque Iraízos, que no estuvo presente el domingo en Hampaturi, podría denunciarlo por calumnias.
En esa reunión, las autoridades originarias de Hampaturi dieron un plazo de 48 horas para que Iraizos renuncie al cargo, pero al contrario, al día siguiente, el mallku Choque se enteró de que éste presentó una denuncia por calumnias en su contra, una noticia que ahora le genera una serie de diferencias en su comunidad y entre las otras autoridades originarias, al sospechar de que él trató de sacar provecho del asunto.
Demandas incumplidas
De acuerdo con la explicación de Choque, ocho comunidades de Hampaturi sufren la falta de agua potable para el consumo de sus familias, su ganado y el riego de sus cultivos desde hace varios años. Pese a las continuas gestiones que realizan, sus demandas no son atendidas por el Gobierno del MAS, al que ellos afirman que defendieron en los conflictos de 2019 y en cuyas poblaciones se apoya al presidente Luis Arce, sin embargo no tienen respuesta.
Hace un año, contó Choque, lograron firmar un acuerdo con el interventor de Epsas. Entre otros puntos, Iraízos se comprometió a dotar de un caudal de agua potable con una presión de 40 litros por segundo, además de ofrecer que Epsas se haría cargo del asfaltado y refacción de la carretera que une a las comunidades, entre otros puntos.
Sin embargo, Iraizos incumplió los compromisos y se negó a atenderlos desde hace varios meses, Choque sostiene que el interventor de Epsas modificó los acuerdos y pretendía dotar de “agua con copajira” a las comunidades, el líquido que estaría contaminado por el trabajo minero en esa zona. También modificaron la cantidad de agua que se ofrecían a dar y ésta solo se limitaría al rebalse de las represas en tiempos de lluvias.
Esto motivó a que el lunes 17 de abril los vecinos de las ocho comunidades afectadas protesten en puertas de Epsas, en la zona Villa Fátima, con la demanda de renuncia del interventor y el pedido de reunión con el ministro de Medio Ambiente.
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Situación del interventor
Fuentes de Epsas afirmaron a Página Siete que, a raíz de estas movilizaciones, Iraizos fue obligado a tomar vacaciones, mientras el ministro Santos analizaba su situación.
Por redes sociales de la APPS se tiene los registros de video y fotos sobre la reunió a la que asistió la titular de esa institución, el ministro Santos y el viceministro Valda. Este medio ha tratado de contar con una entrevista con Iraízos desde hace dos semanas, por denuncias de presunta extorsión a empresas, pero los pedidos no son atendidos.
El intento de soborno
El abogado Marco Ramos, exdirector jurídico de EPSAS, quien asumió la defensa del mallku Choque, confirmó que en el Sistema Integrado de Registro Judicial figura una demanda de orden privado (sin participación de la Fiscalía) con nueve páginas por el delito de calumnias, presentada a las 17:35 del 24 de abril.
Ramos explicó que la denuncia contra Choque ya ha generado molestia entre las autoridades originarias y susceptibilidades hacia el mallku, la presión familiar y los gastos que debe afrontar para su defensa judicial generaron ya un problema de salud a su cliente. “Este es un acto de amedrentamiento contra quien tuvo el valor de denunciar un hecho de corrupción, ahora el denunciante es el denunciado y esto no lo vamos a permitir, la autoridad originaria tiene el respaldo de las comunidades y ya han advertido que se movilizarán contra esta injusticia”, señaló el jurista.
Ramos explicó que los 20.000 bolivianos fueron entregados por Choque a otras dos autoridades originarias que se presentarán ante la Fiscalía para hacer la denuncia y exigir que se investigue el hecho. Asimismo, señaló que aún no fueron notificados con la demanda de Iraizos.
Choque relató que el abogado que lo llamó con insistencia, por varios días y luego le entregó el dinero en Villa Fátima, con el fin de comprar su silencio, trabaja en Epsas. Página Siete llamó y por medio de mensajes de texto hizo las consultas del caso al mencionado jurista, pero éste no respondió.
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