La Fiscalía y la Policía realizaron este martes un allanamiento a las oficinas de la Unidad de Informática del Consejo de la Magistratura en Chuquisaca, dentro de la investigación de una denuncia de presunta manipulación informática en el sistema de matrículas, presentada por la registradora de Derechos Reales en Sucre, Lindaura Pedrazas.
De acuerdo con la denuncia, la alteración del sistema, presuntamente por un funcionario de la Unidad de Sistema del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (TDJ), dio lugar al despojo irregular de un inmueble en la zona de El Guereo.
La matrícula de propiedad estaba inscrita a nombre de una persona de iniciales M.U.M, sin embargo, esta inscripción de la titular fue borrada digitalmente para supuestamente favorecer a otra persona, según la denuncia a la que accedió CORREO DEL SUR.
No solo eso, el documento alterado también fue utilizado en un proceso civil que derivó en el desapoderamiento del inmueble donde habitaba A.H.A en su calidad de cuidadora por encargo de la dueña.
Dentro de esta manipulación se involucra a un funcionario de la Unidad de Sistemas del TDJ Chuquisaca, que en febrero de 2024, insertó desde su usuario y computadora como titular a una mujer de iniciales A.U.M. y se eliminó a la propietaria original M.U.M.
El siguiente mes, en marzo, se modificó el número de la escritura pública, consolidando la irregularidad. Todo ello se habría hecho desde el usuario del ahora denunciado y el equipo institucional identificado a partir de la dirección IP.
El hecho de supuesta manipulación informática fue de conocimiento de la delegada distrital del Consejo de la Magistratura en Chuquisaca, Jilka Calvimontes. Dicha autoridad ordenó una inspección a las oficinas de Derechos Reales pero no denunció las irregularidades ante el Ministerio Público.
Por denuncia de la registradora de DDRR, el caso ahora está en manos del Ministerio Público en Sucre que definirá la situación jurídica del funcionario identificado en el hecho y si es que hay elementos suficientes por manipulación informática, falsedad ideológica y despojo podría emitir una imputación, y en su caso determinar responsabilidades por la falta de denuncia oportuna.
La cuidadora del inmueble se encuentra el incertidumbre a la espera de que la justicia aclare este litigio sobre la propiedad que destapa otro supuesto hecho de corrupción informático en Derechos Reales, como se dieron en Santa Cruz y Beni que actualmente se encuentran en plena investigación pero sin sancionados.
Fuente: Correo del Sur
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