A poco más de un año y tres meses continúan las investigaciones por las 10 muertes en Huayllani, en Sacaba. En ese tiempo, policías, militares y civiles han prestado su declaración informativa, en su mayoría, en calidad de testigos.
La Fiscalía acompañó en la resolución de imputación, al excomandante departamental de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita, extractos de unas 55 entrevistas informativas en las que se refieren a los hechos del 15 de noviembre de 2019.
Para la comisión de fiscales, Zurita, generó una especie de “cortina de humo” con el uso de agentes químicos (gas lacrimógeno) y “de esa forma dar paso a los militares para que ingresen y se acomoden en la parte delantera del puente Huayllani y hagan uso de sus armas de fuego con munición letal, ocasionando lesiones en 90 personas y 10 fallecidos, todos por proyectil de arma de fuego”, según su informe.
Sin embargo, la defensa del exjefe policial considera un “exceso” el proceso por asesinato y tentativa de asesinato por disponer el uso de agentes químicos. Para ellos, no hay pruebas que demuestren su responsabilidad o participación en los delitos por los que se lo ha imputado.
TESTIMONIOS Se leen distintas versiones. El exjefe policial Zurita, en su entrevista informativa, dice que estaban “a punto de ser rebasados por la multitud que se encontraba agresiva en Huayllani” y que quiso lograr acuerdos a través del diálogo entre las 12:30 y las 16:00.
Sostuvo que los movilizados pretendieron cercarlos por los laterales del puente “y en ese momento se dispone el uso de agentes químicos al promediar las 16:15”. También dijo: “He percibido y escuchado disparos de arma de fuego”.
Jhimmy Almanza, abogado de Zurita, señaló que el exjefe policial ordenó la “contención” e hizo uso de agentes químicos, pero que “sus acciones no fueron más allá”. Rechazó que hayan hecho uso de armas letales.
Sobre los sucesos, los testimonios de las víctimas (en su mayoría heridos), es contraria a la del excomandante policial. Ellos refieren que les pidieron que se quiten “los cascos y barbijos” y que los sorprendieron con la gasificación, cuando aún negociaban su paso a la ciudad de Cochabamba. Los afectados dicen que, de repente, sintieron el impacto de las balas en sus cuerpos; algunos aseguran que vieron a los militares disparando sus armas y otros incluyen a los policías.
“Recibí un impacto en el ojo y caí hacia atrás. No podía reaccionar y retroceder, pero mi cara estaba pura sangre (…). Los policías vinieron corriendo para atrapar a otras personas, mientras me arrastraba y cuando me vieron me patearon en la frente, cara, nariz y oreja y perdí el conocimiento. Perdí el ojo”, señaló una de las víctimas.
Otro herido, en su entrevista, dijo: “Estaba a unos 30 metros de ahí, me han disparado los policías. Vi cómo nos disparaban, pero sus rostros estaban cubiertos. Me tiré al piso y mi amigo me ayudó”.
Otra víctima declaró que fue sorprendido por un proyectil. “Directamente sentí el impacto de bala en mi brazo derecho y empecé a sangrar. Por el dolor, me fui a un lado de la avenida y ahí un señor me vio y me llevó en su moto al hospital México”.
Un vecino aseguró que los uniformados estaban con armas de fuego. “Estaba en mi casa cuando escuché disparos, balas y cohetes. Entonces, he salido con mis vecinos a la avenida y a la altura del ingreso a la FELCC, los militares y policías nos han disparado, y nosotros hemos reclamado porque a un menor, de 13 años, lo agarraron y le quitaron su celular. Después, los han gasificado e incluso desde un helicóptero donde había francotiradores”.
Esos son algunos de los testimonios de civiles que estuvieron el 15 de noviembre de 2019, en Huayllani.
MILITARES “EN LA MIRA” Un efectivo policial, en su entrevista informativa, señaló que los militares estaban armados. “Los PM estaban con equipos antidisturbios, los de la Fuerza Aérea con fusil Galil y otros militares con fusil M4”.
El excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) de Cochabamba Alfredo Cuéllar, consultado, en su declaración informativa del 24 de noviembre de 2020, sobre el uso de fusil Galil, dijo que sí es un arma de dotación para las Fuerzas Armadas, pero que no recordaba el tipo de calibre que usa porque no está especializado en ese tema. En esa oportunidad, reiteró que no autorizó el uso de armamento letal.
Sobre ese aspecto, un informe de los investigadores policiales identifica a tres militares como los presuntos responsables de las 10 muertes y al menos 90 heridos; todos del sector cocalero, según allegados al proceso de investigación.
Asimismo, el dictamen pericial de química forense del 6 de diciembre de 2019, establece que, de las muestras obtenidas, con hisopos, de las palmas de todos los fallecidos “no se revela la presencia de residuos fulminantes como residuos de arma de fuego”.
PROCESO Por el caso, al menos seis personas son investigadas. Además, del general Alfredo Cuéllar y el coronel Jaime Zurita, está el excomandante general de la Policía Rodolfo Montero y el general Sergio Carlos Orellana. También los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.
Los dos primeros son los únicos que han sido puestos ante un juez cautelar, aunque se conoció que Montero también ha sido imputado, pero su situación se definirá conforme avancen las investigaciones, según allegados al proceso. Cuéllar tiene detención domiciliaria con derecho al trabajo y Zurita, que está en reserva activa, asume defensa en libertad.
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