El director de la organización “Voz de la Naturaleza”, Antonio Cajías, informó que ayer se logró la sentencia a tres años de prisión para una mujer que vendía pomada elaborada con grasa de tortuga; sin embargo, lamentó que no exista la suficiente voluntad para endurecer las penas, porque esta persona, como otras, no será encarcelada.
“Se ha hecho el proceso y este lunes salió el fallo del Juzgado Décimo Quinto de Sentencia en lo Penal, la sentenció a tres años, pero esto significa que por ser la primera vez que la persona es sancionada, pues ella inmediatamente sale en libertad. Ese es el problema que tenemos del Código Penal”, indicó Cajías en entrevista con la ANF.
En mayo del pasado año, gracias a un “operativo” impulsado por los voluntarios de “Voz de la Naturaleza” en coordinación con la Policía Forestal, se descubrió que la persona sentenciada vendía productos cosméticos afirmando que era sobre la base de grasa de tortuga; la empresa ‘Harmonía’ era la distribuidora de la pomada, aunque la procesada solo fue una persona.
El informe del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) certificó que los cosméticos tenían material genético de la llamada “Peta o Tortuga de Río”.
Cajías dijo que la acusada se encontraba con detención preventiva y ayer se llevó a cabo su audiencia en el Juzgado Décimo Quinto de Sentencia en lo Penal.
La “Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato” o Ley 700, en su artículo 10, fija una pena máxima de cinco años para las personas que provoquen daños a los animales y la sentencia se puede agravar un tercio si se mata a más de un animal; en contraste, la pena mínima puede ser de seis meses.
“Ya se presentó una propuesta de modificación del Código Penal, se presentó el año pasado ante la Asamblea y ellos han observado la propuesta de modificación. Nuestra propuesta era endurecer con la mayor cantidad de años a las personas que cometen delitos ambientales, pero hasta la fecha seguimos con los tres y seis años”, lamentó.
Otra de las observaciones del director de Voz de la Naturaleza fue que los fiscales y jueces no tienen conocimiento sobre el tema ambiental y eso posibilita más riesgos de impunidad en ese tipo de delitos.
Cajías recordó que varios de los casos en los que ellos intervinieron fueron a estrados judiciales; sin embargo, en todos los procesos se dictó una pena fue de tres años, lo que frustra la tarea de conservación. En ocasiones, las personas vuelven con más ganas a delinquir porque saben que pueden evadir la cárcel.
De acuerdo con los datos de la Policía Forestal Medio Ambiental, en 2022 atendieron 703 casos.
ANF
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