La justicia boliviana sentenció a 25 años de prisión al fotoperiodista Álvaro Alex Valero por el delito de violación en el denominado caso Nadia, tras más de 14 horas de audiencia de juicio oral. La condena deberá cumplirse en el penal de Chonchocoro, mientras que en el mismo proceso Nathaly C. fue absuelta de todos los cargos, según confirmaron fuentes vinculadas a la familia de la víctima.
El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando Nadia Apaza Ochoa, periodista titulada de la Universidad Mayor de San Andrés, denunció haber sido víctima de violación en la ciudad de El Alto. De acuerdo con sus allegados, la joven enfrentó un prolongado y complejo proceso en busca de justicia, marcado por presuntas negligencias de autoridades policiales, fiscales y judiciales.
Ese contexto —según la familia— derivó en un deterioro emocional sostenido que terminó con la muerte de la víctima. El hecho generó una fuerte reacción de organizaciones y gremios periodísticos, que denunciaron irregularidades en la investigación y cuestionaron la actuación de operadores de justicia.
Durante el proceso, instancias como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz advirtieron sobre posibles actos de revictimización y retrasos en la recolección de pruebas, señalando fallas estructurales en la atención a víctimas de violencia de género.
Uno de los episodios más cuestionados fue la denuncia de la familia sobre el trato recibido por Nadia tras formalizar su acusación. Según una carta póstuma atribuida a la víctima, funcionarios habrían minimizado el caso y dilatado su avance, lo que derivó en una fuerte crítica pública hacia el sistema judicial.
En marzo de 2025, el acusado ya había sido enviado con detención preventiva por seis meses al penal de Patacamaya, mientras avanzaba el proceso penal en su contra. La reciente sentencia cierra una etapa judicial, pero no las demandas de justicia integral por parte de colectivos y familiares.
Diversos sectores coincidieron en que el caso Nadia expone debilidades en la respuesta institucional frente a la violencia de género, y exigieron sanciones contra los funcionarios que, presuntamente, incurrieron en omisiones durante la investigación.
Con el fallo, la justicia establece responsabilidad penal en el hecho principal; sin embargo, el debate público se mantiene abierto sobre el rol del Estado y la necesidad de reformas que garanticen una atención oportuna y efectiva a las víctimas.
El Deber
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