Una comisión especial que investigue todos los pormenores de las tres muertes acaecidas en el municipio de Porongo y los supuestos vínculos del narcotráfico, es lo que planteará ante el pleno de la Cámara Baja el diputado Héctor Arce, quien mantiene sus críticas al trabajo de la Policía.
“Hay cosas que no cuadran, cosas que huelen mal, esto se tiene que esclarecer, por tanto, nosotros vamos a pedir de manera formal que en el transcurso de hoy y mañana se conforme una comisión especial de investigadores de manera neutral, no me convence a mí que la Policía se esté investigando así misma, no puede ser juez y parte”, dijo el controvertido diputado oficialista.
La Policía investiga qué sucedió el 21 de junio cuando un grupo de personas acribillaron a los sargentos Eustaquio Olano y Alfonso Chávez; además del voluntario del Gacip, José David Candia. Hasta el momento, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, dijo que no existen indicios de que el principal acusado, Misael Nallar, esté involucrado en narcotráfico.
Asimismo, el fin de semana se conoció que todo el personal destinado a la Felcn en Santa Cruz fue removido de su cargo y enviaron otro contingente para que realice el trabajo de la lucha antidrogas.
“Hay mucho cuestionamiento sobre el trabajo de la Policía y sus vínculos de narcotráfico, jamás vamos a aceptar que hablen contra nuestro Gobierno, que se diga que hay vínculos, que el narcotráfico ha perforado al Gobierno, a las instancias policiales, no vamos a aceptar, por tanto, el único medio de solucionar esto es que se diga la verdad y se conozca qué es lo que pasó ese día”, dijo más adelante el diputado.
Para los opositores, el planteamiento es parte de una estrategia destinada a enredar las cosas y pidieron que, si hay una comisión legislativa, la misma debe ser conformada de manera paritaria para que el MAS no manipule sus informes.
Las comisiones especiales ya no están permitidas en el Parlamento y la conformación de una instancia especial solo es para informes para el Legislativo porque ya no pueden fungir como “cabeza de ministerio Público”, como sucedía en la anterior Constitución Política del Estado.
Por su parte, el senador Loza cree que el caso de Porongo “pone en desventaja a la policía y al Ministerio de Gobierno”, reconoce que esto “genera una enorme preocupación y sospechas”, y adelantó el envío de una Petición de Informe Escrito sobre este tema.
El Deber
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