El informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz identifica la violación de al menos 10 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto derivó en la emisión de cuatro recomendaciones al Gobierno boliviano. De ser rechazadas, el país corre el riesgo de encarar un proceso en la Corte IDH y de recibir determinadas sentencias.
Del análisis realizado de los hechos, la Comisión concluye que el Estado boliviano es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana con relación a las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la misma normativa.
Asimismo, se vulneraron los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Estos derechos de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoz se violaron, según el informe.
Corte
Producto de estas vulneraciones, la CIDH emitió cuatro recomendaciones, cuyo rechazo por el gobernante hará que se active un proceso en la Corte IDH. Si en éste se llega a una sentencia o fallo, que es definitivo, inapelable y de cumplimiento obligatorio, se tendrán que cumplir varias sanciones.
Entre estas sanciones, se contemplan las medidas reparatorias, que son “el mandato a los Estados de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos –en especial las que la Corte califica de graves–, que subsiste a cargo del Estado hasta su total cumplimiento”.
Otra de las medidas reparatorias más comunes es la “condena a los Estados al pago a las víctimas de sumas de dinero por concepto de indemnización compensatoria por daños materiales, morales, costas y gastos judiciales”.
Las sentencias de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento o acatamiento por el Estado demandado.
El Gobierno boliviano evitó indagar las torturas
a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Mario Francisco Tadic Astorga y Otros vs Bolivia, se revela que las víctimas fueron objeto de tortura y que denunciaron estos hechos ante fiscales, jueces y legisladores.
“La Comisión evidencia que los graves actos de tortura cometidos contra las cuatro víctimas no merecieron una investigación adecuada por parte de las autoridades judiciales bolivianas”, se señala en el documento.
La CIDH sostiene que pese a los evidentes signos de tortura que mostraban las víctimas cuando fueron presentadas, ni el Ministerio Público en La Paz ni los juzgados que definieron sus detenciones preventivas iniciaron las investigaciones de oficio “incumpliendo su obligación general de respeto y garantía”.
Asimismo, la Comisión indica que el Estado alegó que no recibió denuncias para investigar tortura sufridas por las presuntas víctimas, “alegato que no es atendible, pues nada desvirtúa la obligación de investigación de oficio que tiene el Estado frente a la comisión de delitos como la tortura”.
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