Ahoradigital – La defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset impugnó ante la Justicia de Estados Unidos el registro de un teléfono celular que fue incautado en Bolivia y posteriormente entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Los abogados solicitaron al juez federal Rossie Alston Jr., del Distrito Este de Virginia, que el Gobierno estadounidense explique cómo obtuvo el dispositivo y bajo qué procedimientos se realizó la extracción de información.
Según un reporte del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), citado por Unitel, el teléfono fue enviado desde Bolivia a la DEA a mediados de abril, varias semanas después de la captura de Marset, ocurrida el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra.
Sin embargo, la defensa sostiene que recién fue notificada sobre la existencia de este dispositivo a finales de julio, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de la evidencia y la documentación de su custodia.
Cuestionan la cadena de custodia
En su presentación ante el juez, los abogados señalaron que aparentemente no se elaboró un informe contemporáneo sobre la cadena de custodia del teléfono.
Este registro es fundamental para documentar quién tuvo acceso a una evidencia, cómo fue trasladada y qué procedimientos se aplicaron antes de analizarla.
La defensa también sostiene que la DEA confirmó que sus agentes extrajeron información del dispositivo sin una orden judicial específica.
Según los argumentos expuestos, un agente habría justificado el procedimiento señalando que Marset presuntamente había dado su consentimiento para revisar otros dispositivos electrónicos. Los abogados cuestionan que esa autorización pueda extenderse automáticamente al teléfono impugnado.
Ahora corresponde al tribunal evaluar los argumentos presentados y determinar si el procedimiento utilizado se ajustó a las exigencias legales.
La declaración de un policía boliviano
El caso también tiene relación con las investigaciones que se desarrollan en Bolivia sobre el manejo de los objetos encontrados durante el operativo de captura de Marset.
El capitán de Policía Guillermo Ruiz Guzmán declaró que un integrante del equipo táctico le informó que el narcotraficante habría guardado un teléfono celular en una pequeña caja fuerte dentro de su dormitorio.
Sin embargo, su declaración no establece qué contenía la caja fuerte ni confirma si el teléfono mencionado fue recuperado y sometido a un registro.
Ruiz también señaló que durante el operativo se encontraron 23 celulares, una computadora MacBook y dos tabletas electrónicas, que fueron colocados en equipajes junto con ropa y otros objetos.
De acuerdo con su versión, el Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) recibió instrucciones para trasladar cuatro maletas y la caja fuerte a La Paz, con el propósito de entregarlas a la Embajada de Estados Unidos.
Estas declaraciones forman parte de una investigación que busca reconstruir el recorrido de los objetos retirados de los inmuebles vinculados a Marset y establecer si hubo irregularidades durante su traslado y custodia.
La prueba todavía no ha sido excluida
La impugnación presentada por la defensa no implica que el teléfono haya sido descartado como evidencia ni que los cargos contra Marset hayan sido anulados.
El juez deberá analizar los argumentos de los abogados y la explicación que presente el Gobierno estadounidense antes de tomar una decisión sobre el procedimiento cuestionado.
El proceso adquiere relevancia porque la Fiscalía de Estados Unidos sostiene que Marset utilizaba varios teléfonos para acceder a cuentas de criptomonedas que sumarían aproximadamente cuatro millones de dólares.
La disputa judicial se desarrolla mientras en Bolivia continúan las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con los objetos retirados durante el operativo de captura.
Ambas causas avanzan por vías diferentes, pero el manejo de los dispositivos electrónicos y la documentación de su custodia se han convertido en aspectos relevantes para esclarecer los hechos.
Mira también
Ahoradigital
Fuente: Ahoradigital con información de Unitel y del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
