“Nos quieren matar… quieren matar a los periodistas” alertó Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, y reportó que al menos 40 periodistas fueron blanco de agresiones de diferente magnitud durante el paro cívico cruceño.
Periodistas de todo el país declararon estado de emergencia y resolvieron crear un equipo jurídico para la defensa de los periodistas ante la sistemática y creciente vulneración de la libertad de prensa en el país.
En Bolivia, el clima de hostilidad hacia la prensa y la total impunidad contra los ataques a medios de comunicación y a periodistas, está configurando un panorama en que informar puede ser una labor de alta peligrosidad, según el balance realizado por delegados de las asociaciones de periodistas de todo el país durante el Encuentro Nacional de Periodistas por la Libertad de Prensa que tuvo lugar en La Paz, los días 25 y 26 de noviembre.
En lo que va de este año se registraron un total de 168 vulneraciones a la libertad de prensa, superando con mucho el consolidado de 73 hechos de violencia en contra de los medios y los periodistas que se cometieron a nivel nacional en 2021, según los datos recopilados por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS.
La mayoría de los ataques a los periodistas son alentados por altas autoridades de gobierno que además de contratar a los denominados “guerreros digitales” con recursos estatales para hostigar y amedrentar a medios y periodistas a través de las redes sociales, organizan grupos de choque que bajo protección de la Policía agreden físicamente a la prensa en medio de conflictos sociales.
En el balance, los periodistas de todo el país advirtieron que existe un patrón de agresión contra la prensa cada vez más frontal y violento que incluye ataques físicos y secuestro, que se combina con otras formas de menoscabo al trabajo periodístico como el impedimento al acceso de la información, censura, estigmatización, amenazas, , criminalización, asignación discriminatoria de publicidad oficial y violación a la reserva de fuentes de información.
Santa cruz el pico más alto de la violencia contra periodistas
La madrugada del 2 de noviembre el periodista de Unitel Mario Rocabado fue violentamente atacado por grupos de choque del MAS en el municipio La Guardia. Dos de sus atacantes fueron identificados, pero la Fiscalía los dejó libres con arresto domiciliario.
“Me quitaron el micrófono, me tumbaron y empezaron a patearme, a lanzarme piedras, palos, a golpearme. Escuchaba algunas voces que decían que lo linchen. Siento que de milagro estoy vivo”, relató Rocabado al revivir los hechos.
Ese ataque fue el principio de al menos 40 agresiones contra periodistas cometidas durante la cobertura del paro cívico por el censo, según el registro de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
“El violento ataque que casi le costó la vida Mario Rocabado es evidencia de los riesgos que corremos los periodistas en Santa Cruz “, dijo Roberto Méndez, y recordó que “una situación similar ya se vivió en el caso Las Londras”.
El caso Las Londras, ocurrido en octubre de 2021 en Santa Cruz, constituye el atentado más flagrante a la libertad de prensa cometido por un grupo armado de interculturales que emboscó, secuestró, torturó y amenazó de muerte a periodistas, policías y civiles en esa provincia de Santa Cruz.
A casi un año del hecho, los autores siguen en la impunidad. A la fecha, se han suspendido 15 audiencias en el proceso iniciado contra los autores que han sido puestos en libertad con detención domiciliaria.
Un plantón contra la impunidad
Ante la creciente vulneración de la libertad de prensa, periodistas de los nueve departamentos del país realizaron un plantón frente a las puertas del Ministerio de Gobierno para exigir que se respete el trabajo de la prensa y entregar una carta al ministro Eduardo del Castillo.
Los periodistas participaron en La Paz de un Encuentro Nacional, un evento organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, que tuvo lugar el 25 y 26 de noviembre.
En la carta dirigida al Ministerio de Gobierno detallan las amenazas y ataques contra los periodistas en los últimos meses y lo conminan a que “como ministro encargado de la seguridad interna del país debe ordenar a las fuerzas del orden a que, en primer lugar, cesen sus agresiones contra periodistas y, luego, realicen el trabajo que les asigna la Constitución Política del Estado y en ese sentido ofrezcan garantías para el trabajo periodístico”.
Los periodistas recuerdan que por la esencia del trabajo que desarrollan, tienen un estatus especial similar a los defensores de derechos y otros y por lo tanto es responsabilidad del Estado protegerlos mientras realizan su trabajo. “Debemos lamentar que en ocasiones ocurre lo contrario, los uniformados protegen a las fuerzas de choque del oficialismo en sus agresiones a la prensa”.
Agregan que “En meses recientes hemos visto con desconcierto e indignación cómo grupos afines al gobierno han intentado tomar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, atacado a manifestantes opositores, continuado con una política de asfixia económica contra los medios, producido agresiones y otras amenazas contra los periodistas y caricaturistas y utilizado la justicia para detener sin juicio a las voces críticas y así acallarlas”.
Estado de emergencia por la libertad de prensa
Mira también
Los delegados de las asociaciones departamentales de periodistas reunidos en el Encuentro Nacional de Periodistas por la Libertad de Prensa realizado el 25 y 26 de noviembre de 2022 emitieron un pronunciamiento público en el que declaran estado de emergencia ante el evidente deterioro de la libertad de prensa y la inseguridad en la que desempeñan sus labores los periodistas de todo el país.
Destacan que ese deterioro se ve reflejado en innumerables hechos como la presión de las autoridades para que periodistas revelen la fuente de sus noticias, secuestro y ataques físicos, acoso judicial, asfixia económica, presiones directas e indirectas y manipulación de la justicia para intentar amedrentar y acallar a los medios de comunicación y periodistas.
Frente a la situación descrita, ratifican “la unidad de los periodistas de Bolivia y su decisión inclaudicable de defender la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información de todos los ciudadanos como requisito fundamental de la democracia”.
Expresan su solidaridad con todos los periodistas y trabajadores de la prensa que han sufrido agresiones, hostigamiento, acoso y censura y exigen “al presidente Luis Arce, y a las autoridades que correspondan, que garanticen el cumplimiento de los derechos de los periodistas y la sanción a los responsables de las acciones de violencia y de censura”.
Además de condenar todos los actos de violencia contra los periodistas y trabajadores de la prensa, exigen al Ministerio Público que informe sobre los casos que ha abierto de oficio sobre estos hechos y demandan “al Ministerio de Gobierno que instruya a las fuerzas policiales cumplir con su deber constitucional de garantizar la seguridad de todos los periodistas y trabajadores de la prensa en el cumplimiento de su trabajo cotidiano”.
Anuncian su decisión de “Crear un equipo jurídico nacional para la defensa de los periodistas que estén bajo amenaza o que hayan sido víctimas de la vulneración de sus derechos en el ejercicio de sus funciones “y demandan” a los propietarios de los medios de comunicación brindar seguridad laboral y defender a los periodistas cuando sean víctimas de agresiones y otros abusos”.
Brújula Digital
Comentarios