Los efectivos policiales fueron sindicados de actos de corrupción y extorsión, según lo manifestó en una entrevista el ciudadano de nacionalidad colombiana Jhon Walter Tibaduiza, quien dijo que fue bajado de un trufi e ingresado al puesto policial, donde le quitaron su teléfono móvil y 6 mil dólares.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la aprehensión de los dos policías y dijo que se determinó que, de los ocho uniformados destinados al control en la tranca, cuatro estaban de turno, pero dos de ellos fueron aprehendidos.
«Lo que motivó su aprehensión es que mientras sus camaradas se encontraban perdiendo la vida, ellos estaban protegiendo a un ciudadano (Tibaduiza); lo mínimo que debieron haber realizado era arrestarlo, para preguntarle por qué se encontraba en una ruta nacional y precisamente en el departamento donde se había acribillado a Olano, Chávez y Candia», dijo Del Castillo.
Agregó que existen una serie de elementos que aún están en un proceso de investigación. Una de ellas es la solicitud de las imágenes de las cámaras de seguridad a Vías Bolivia, para verificar que el colombiano bajó en el retén y si fue conducido por los policías a ese lugar. «Ya tenemos identificado al taxista del minibús y se le va tomar las declaraciones correspondientes a las personas que estaban en el minibús», dijo el ministro al señalar que mayores detalles de las investigaciones serán dados a conocer esta noche.
Indicó que todas las denuncias que se hagan, ya sea con nombre y apellido, anónimas, por las redes sociales o a través de los medios de comunicación, serán investigadas por el Ministerio de Gobierno.
«Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a la verdad material de los hechos, ya lo hemos manifestado, caiga quien caiga va a tener su sanción ejemplar y en este caso son los primeros dos policías», sostuvo.
Indicó que, si bien el nombre de Tibaduiza no figura en el cuaderno de investigaciones de la Fiscalía, las indagaciones se ampliará a toda persona mencionada en el triple asesinato de policías, hasta no confirmar o descartar su participación.
«Tenemos seis testigos que lograron ver los dos momentos de este trágico momento en Porongo, tenemos testigos de que la Policía se vio obligada de usar agentes químicos en contra de (Misael) Nallar», dijo el ministro.
Además, reiteró que la prueba de guantelete permitió saber que Misael Nallar y los otros dos ciudadanos que ya guardan detención preventiva, hicieron uso de armas de fuego. «No tenemos nada que ocultar, vamos a seguir trabajando de manera transparente. La Policía y el pueblo boliviano quiere saber lo que pasó, vamos a buscar justicia; 30 años sin derecho a indulto es la meta», sostuvo.
El Deber
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