El 65% de los médicos que sostienen la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital San Juan de Dios está bajo contrato, y solo el 35 tiene ítem.
Según los profesionales de salud, les adeudan tres meses y ni siquiera tienen garantizado el pago porque hasta el momento el Ministerio de Salud, a través de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), les ha entregado el contrato firmado. Temen que les pase lo que sucedió en fecha anterior, cuando entre tres y cinco profesionales se quedaron impagos por temas burocráticos.
El hospital Japonés está en la misma situación, según Richy Anderson Hurtado, jefe de la UTI Covid-19, tampoco tienen contrato firmado, y les adeudan a algunos dos meses, a otros uno, y a varios los tres meses.
El caso del hospital Óscar Urenda, de Montero, no es distinto. Desde la UTI informaron que no tienen garantizado el pago porque no recibieron el contrato con las firmas de las autoridades responsables, y tienen temor de que les ocurra lo del año pasado, cuando se quedaron sin pagarles -hasta hoy- tres meses a todos por temas burocráticos.
En esta circunstancia, los profesionales de salud del San Juan de Dios son los más molestos, y acordaron que, si no les cancelan el lunes 7 o no les dan sus contratos, no podrán recibir a más pacientes críticos porque los médicos y las enfermeras están en el derecho a retirarse, ya que lo convenido llega a su fin.
«Queremos dar a conocer esto a la opinión pública porque nuestro país se ha malacostumbrado a este tipo de presiones. Hemos sido muy tolerantes, seguimos trabajando con la promesa de que nos van a pagar y hasta ahora no llegan el pago ni el contrato», dijo Andrés Martínez, responsable de la UTI Covid-19 del San Juan de Dios.
Martínez explicó que lo más lamentable es que hay 20 personas en riesgo de que no les paguen por la burocracia del nivel central, que a pesar de tener las fotocopias de sus cédulas de identidad, manda los nombres mal escritos, y por tanto no los gestiona de forma adecuada.
«A los que tienen problemas con sus papeles les dijeron que se les pagará cuando se solucione el tema, pero si en tres meses no han podido solucionarlo, y si pagaran a la mayoría, ¿acaso se tomarán la molestia de cancelar a ese grupo pequeño? Van a quedar así, sin que les paguen, como quedaron varias personas en la anterior gestión, tres o cinco que yo conozco, que se resignaron a que les adeuden», dijo Martínez.
Para él y sus colegas, el Gobierno no mueve un dedo para apoyarlos y acelerar los procedimientos burocráticos. Una internista afectada por los errores administrativos, lamentó que todos los meses lleguen con errores los informes. Hasta ahora dice que no le llegó ninguna designación escrita, y que a pesar de eso cada mes les exigen el informe y el de asistencia.
Martínez explicó que, al verse reducidos por el agotamiento de los médicos y la falta de pagos y de garantías, la capacidad de la UTI se irá reduciendo en unas cinco camas, de las 15 ocupadas hoy. Según él, atenderán a los que ya están hasta que reciban el alta, pero no atenderán a los nuevos por falta de capacidad, no de voluntad. Asimismo, dijo que la dirección del hospital está informada sobre el tema.
«La gente está pasándola mal, nosotros tratamos de salvar vidas, pero este es un Gobierno indolente con nosotros y con los pacientes y sus familias. Es una indefensión, impotencia de no saber dónde acudir para ser escuchados, y los fondos tendrían que estar disponibles porque los da el Banco Mundial«, lamentó.
En el hospital de Montero, por dos meses, informaron de la UTI, en marzo y abril no hubo remedios, ni siquiera los antibióticos, y los funcionarios, que prefirieron no dar sus nombres, dijeron estar agobiados con un ambiente tóxico, donde los presionan para recontrataciones, tanto del lado del MAS como de la oposición, haciendo listas.
Se sumaron a las advertencias, y dijeron que verán qué medidas adoptar si siguen impagos y sin contratos. Cada día, en el Óscar Urenda, en esta tercera ola, y debido a la saturación de camas, se rechazan cuatro pacientes graves en promedio, informaron. Asimismo, cuando los médicos anunciaron que iban a parar, dicen que desde Aisem los amenazaron con procesarlos. «Cómo nos van a procesar si ni siquiera hay contrato firmado», ironizó uno de los médicos.
En el Oncológico las cosas están peor, de acuerdo al director, Nelson Béjar, atraviesan la falta de pago de médicos y enfermeras, pero de cuatro meses, y ya van para el quinto. «Los nuestros son 16 médicos y 26 enfermeras en esa triste y vergonzosa realidad que es responsabilidad del Ministerio de Salud, particularmente del Aisem», dijo.
Béjar informó que en una reunión que sostuvieron el 2 de junio en el hospital, con delegados departamentales de Aisem, ofrecieron pagarles un mes de los sueldos atrasados hasta el próximo viernes 11. «Junto con el Sirmes Oncológico vamos a continuar con movilizaciones y la próxima semana insistiremos con la denuncia pública a través de los medios, nunca el cuerpo médico y de enfermería que luchan en primera línea contra esta peste ha sido tan abandonado y maltratado en sus necesidades económicas, como ocurre ahora» arremetió.
EL DEBER buscó a Carla Márquez, de Aisem, para conocer la versión de esa oficina dependiente del Ministerio de Salud, y a cargo de los contratos, pero no respondió.
Tercera ola
Las advertencias se dan en lo peor de la tercera ola, cuando el departamento cruceño alcanzó el máximo histórico de decesos en un solo día, y atraviesa problemas de oxígeno y de disponibilidad de camas de terapia intensiva y escasez y especulación con los medicamentos.
Tarija en las mismas
El personal de salud tarijeño amenazó con un paro si Aisem no pagaba sueldos atrasados.
El jefe de la UTI del hospital San Juan de Dios, Roberto Mérida, confirmó a EL DEBER que el personal está impago desde hace tres meses, por lo que este viernes podrían dejar de trabajar si no hay una respuesta de la Aisem, que firmó los contratos eventuales.
Al menos 100 personas, entre médicos y enfermeras, de las UTI y del servicio de emergencia de los hospitales públicos en el departamento de Tarija tienen contratos de trabajo con la AISEM, dependiente del Ministerio de Salud.
El Deber
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