El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrenta limitaciones para resolver de fondo una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1732, que dejó sin efecto la norma que regulaba los Estado de excepción en Bolivia, debido a que actualmente cuenta con solo cuatro de los nueve magistrados requeridos.
Según explicó el decano y presidente de la Comisión de Admisión del TCP, Ángel Edson Dávalos, el recurso fue presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien solicitó revisar la compatibilidad de la ley impugnada con la Constitución Política del Estado. La acción busca, además, que se establezcan parámetros claros para evitar el uso discrecional de esta medida por parte del Órgano Ejecutivo.
“El Defensor del Pueblo solicita que se admita esta acción de inconstitucionalidad, se tenga la posibilidad de que exista un conjunto de normas jurídicas, los límites del Órgano Ejecutivo, el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, las situaciones excepcionales que puedan estar de cierta manera normadas, la protección de los derechos humanos en esta etapa que pudiera darse el Estado de Excepción”, explicó Dávalos.
El magistrado indicó que la Comisión de Admisión dará prioridad al tratamiento del recurso y avanzará con el análisis de los requisitos formales, además de requerir informes a la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que aprobó la norma observada.
Sin embargo, advirtió que el TCP no podrá emitir una resolución definitiva mientras no se cuente con una Sala Plena completa o, en su defecto, con una ley excepcional que habilite el funcionamiento del tribunal con el número actual de magistrados.
“Aquí viene lo paradójico, para emitir una decisión de fondo (un fallo), el TCP ha pedido a la Asamblea Legislativa dotar de una ley especial de funcionamiento que le permita ejercer a plenitud sus competencias y hasta ahora no lo ha hecho. Entonces lo que se va hacer es simplemente la admisibilidad o no”, puntualizó.
Desde noviembre de 2025, el TCP opera con menos de la mitad de sus integrantes tras la salida de magistrados que extendieron su mandato más allá del periodo constitucional. Esta situación ha generado un cuello de botella en el tratamiento de diversas acciones de control normativo.
En ese marco, varias demandas de inconstitucionalidad contra leyes y decretos permanecen en suspenso, a la espera de que se regularice la composición del tribunal o se apruebe una normativa que permita su funcionamiento excepcional con cuatro magistrados.
Fuente: Correo del Sur
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