El Ministerio de Justicia impulsa la aprobación de una ley para recuperar al menos $us 3 millones que el Estado pagó como resultado de dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Se trata del proyecto de «Ley de Acción de Repetición Emergente del Pago de la Reparación Patrimonial de Daños y Perjuicios en el Marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos», que este martes fue socializado por el ministro de Justicia, César Siles, y la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, en la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.
“Hemos hecho la presentación de que aproximadamente a la fecha son más de 3 millones de dólares que el Estado boliviano ha pagado por estas sentencias, por estos acuerdos de solución amistosa. La Constitución manda en su artículo 113, parágrafo 2, que este daño, porque es un daño económico al Estado porque estamos pagando por vulneración de derechos humanos que otros han cometido, tiene que ser repetido, resarcido, y esta ley de acción de repetición pretende regular el procedimiento para ser efectiva esa repetición”, explico Siles.
De acuerdo con la iniciativa, una vez que el Estado boliviano sea notificado con la sentencia de la Corte Interamericana o con firma y el acuerdo de solución amistosa, y éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), pasará a una etapa de procedimiento administrativo en la Procuraduría General del Estado.
Esta instancia emitirá un informe preliminar con un dictamen procuradurial y luego un dictamen final, que se convertirá en un título de fuerza coactiva civil suficiente para que un juez civil dicte una sentencia y ordene el pago de ese daño económico al Estado.
Siles explicó que “quizás el procedimiento técnico más complicado va a estar cuando la Procuraduría individualice a los responsables, la forma en que tienen que pagar ese daño económico al Estado”.
Según los datos del ministro de Justicia, en la actualidad el país cuenta con una cartera de más de 100 casos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, los que podrían llegar a Acuerdos de Resolución Amistosa con indemnizaciones económicas o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Por ahora se tienen sentencias y Acuerdos de Resolución Amistosa que sumados dan más de 3 millones de dólares que deben recuperarse porque es un daño económico al Estado que pudo haber servido en su momento para construcción de escuelas y hospitales”, indicó.
ABI
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